El Consejo General de Mediadores de Seguros ha valorado positivamente la sanción de 16,5 millones de euros impuesta por el Banco de España a Banco Sabadell por prácticas de venta vinculada de hipotecas y seguros prohibidas por la legislación. La resolución considera que la entidad financiera incurrió en una infracción muy grave de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tanto por estas prácticas como por incumplir su obligación de actuar con imparcialidad y respetar los intereses de sus clientes.
Para el Consejo General, la decisión supone un reconocimiento de las denuncias que los Colegios de Mediadores llevan años trasladando sobre el uso de la posición de las entidades financieras en la concesión de créditos para condicionar la contratación de seguros. Según la organización, estas actuaciones pueden orientar a los consumidores hacia productos que no siempre responden a sus necesidades o intereses.
La sanción se produce en un contexto de creciente actividad judicial contra este tipo de prácticas. Según el Consejo General, alrededor de un centenar de demandas por malas prácticas bancarias en la comercialización de seguros se encuentran actualmente en los tribunales, con el respaldo y la colaboración de los Colegios de Mediadores. A estos procedimientos se suma un amplio número de resoluciones judiciales condenatorias a entidades financieras por actuaciones contrarias a los derechos de los consumidores.
Los mediadores reclaman una vigilancia continuada
El presidente del Consejo General de Mediadores, Javier Barberá, considera que la resolución del Banco de España respalda las advertencias realizadas por la mediación durante años.
«Llevamos mucho tiempo denunciando que determinadas entidades bancarias han utilizado su posición de dominio en la concesión de créditos para imponer o condicionar la contratación de seguros. No hablamos de una discrepancia comercial ni de una cuestión de competencia entre canales de distribución. Hablamos de prácticas que vulneran la normativa y perjudican directamente a los usuarios», señala.
Barberá califica la sanción de «buena noticia», aunque advierte de que la actuación supervisora no debe limitarse a intervenciones puntuales. El presidente del Consejo General reclama una vigilancia continuada y señala especialmente el papel de la inspección de la Dirección General de Seguros.
«Es importante que los organismos supervisores actúen y que sus decisiones tengan consecuencias. Pero también es necesario que exista una vigilancia continuada, especialmente de la inspección de la Dirección General de Seguros. No podemos normalizar que los usuarios tengan que acudir una y otra vez a los tribunales para defender unos derechos que deberían estar garantizados por el cumplimiento de la ley», añade.
La libertad de elección del consumidor, en el centro del debate
El Consejo General recuerda que la contratación de seguros vinculada a operaciones de financiación debe ajustarse a las condiciones establecidas en la legislación. Las entidades financieras pueden ofrecer productos combinados, pero no imponer sus propias pólizas mediante prácticas prohibidas ni aprovechar su posición frente al cliente para limitar su libertad de elección.
La organización también reclama que todos los operadores del mercado asegurador estén sometidos a las mismas reglas y niveles de exigencia para garantizar una competencia efectiva entre canales de distribución.
«No puede haber una doble vara de medir. La normativa debe cumplirse por todos, independientemente del tamaño o del poder comercial de cada operador. Y cuando se incumple, la respuesta de las instituciones debe ser clara y efectiva», concluye Barberá.
El Consejo General de Mediadores reitera que continuará trabajando junto con los Colegios para combatir estas prácticas, defender los derechos de los consumidores y promover una distribución de seguros transparente y profesional.