España sigue anclada en un modelo de jubilación que obliga a elegir entre trabajar o retirarse, sin apenas espacios intermedios, pese a que muchas personas podrían —y querrían— continuar activas de forma parcial. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo informe del INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión del GRUPO SANTALUCÍA, titulado “La compatibilidad entre pensión y trabajo: avances y desafíos”.
El estudio, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA y presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, junto a Jesús Lahera Forteza, catedrático de Derecho del Trabajo e investigador de FEDEA, analiza las reformas recientes en materia de jubilación y advierte de que el sistema actual sigue siendo fragmentado, poco coordinado y con incentivos débiles para prolongar voluntariamente la vida laboral.
Avances legales con impacto limitado en el modelo de jubilación
El informe examina los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y el desarrollo de la llamada jubilación reversible. Aunque reconoce avances, especialmente en la jubilación activa, subraya que su aplicación práctica continúa siendo limitada. El nuevo esquema progresivo —que permite compatibilizar trabajo y pensión desde el 45% hasta el 100% a partir del quinto año— amplía el acceso y beneficia especialmente a colectivos con carreras de cotización irregulares, como muchas mujeres.
Sin embargo, el estudio alerta de que persisten importantes desincentivos: las cotizaciones durante la jubilación activa no mejoran la pensión futura, no generan nuevos complementos por demora y se impide el acceso a complementos a mínimos. Además, la ausencia de un contrato laboral específico para jubilados activos obliga a extinguir el contrato previo y genera inseguridad jurídica para trabajadores y empresas.
En cuanto a la jubilación parcial, el informe destaca su potencial como vía de transición gradual, pero señala que sigue siendo costosa y rígida, al exigir largas carreras de cotización y la contratación obligatoria de un relevista. La jubilación flexible o reversible, todavía pendiente de un desarrollo reglamentario completo, presenta incoherencias con el resto de modalidades y limitaciones que reducen su atractivo, especialmente para el trabajo autónomo.
Efectos negativos para trabajadores, empresas y la Seguridad Social
Esta rigidez tiene consecuencias claras. Para los trabajadores, supone una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas, la pérdida de talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social, la renuncia a cotizaciones adicionales en un momento de elevada presión financiera.
“España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles”, señala José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía. “La jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral”.
Un Modelo Integral de Jubilación Compatible
Ante este escenario, el informe propone avanzar hacia un Modelo Integral de Jubilación Compatible (MIJC) que unifique las reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión bajo principios de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica. El objetivo es permitir una verdadera flexibilidad laboral —por cuenta ajena o propia, a tiempo parcial o completo— y garantizar que cada año adicional trabajado incremente la pensión de forma clara y predecible.
Según el Instituto Santalucía, este cambio de enfoque favorecería el envejecimiento activo, permitiría aprovechar mejor el talento sénior y contribuiría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, en un país donde la esperanza de vida a los 65 años ha pasado de 18,7 años a comienzos de siglo a 21,7 en la actualidad.
El informe concluye que transformar la jubilación en un tránsito gradual, y no en un corte abrupto, es una pieza clave no solo para el bienestar individual, sino también para el futuro del empleo, la competitividad empresarial y la viabilidad del sistema público de pensiones.