El número de hogares con alguna persona mayor de 65 años perceptora de una prestación económica por dependencia se ha duplicado desde 2016, mientras que los gastos asociados a los cuidados agravan la brecha de renta y patrimonio de estas familias, según un estudio de Fundación Caser.
La dependencia se concentra en las edades más avanzadas
Las personas de 65 años o más representan ya el 21,1% de la población española, según las últimas proyecciones del INE. El envejecimiento de la población está aumentando la necesidad de cuidados de larga duración y tiene consecuencias sobre la organización económica, laboral y familiar.
Así lo recoge el estudio El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares, elaborado por Afi para Fundación Caser, que analiza el perfil de las personas mayores en situación de dependencia y el efecto que los cuidados tienen sobre las finanzas de los hogares.
El informe señala que siete de cada diez personas dependientes tienen más de 80 años y que la mitad supera los 86 años. Además, el número de hogares con alguna persona mayor de 65 años identificada como perceptora de una prestación económica por dependencia se ha duplicado desde 2016.
Las proyecciones apuntan a que en 2050 casi una de cada tres personas residentes en España tendrá más de 65 años. La tasa demográfica de dependencia podría alcanzar entonces las 75 personas por cada 100 en edad de trabajar, frente a las 53 actuales.
El cuidado sigue recayendo principalmente en las mujeres
La atención a las personas mayores dependientes también tiene un impacto sobre el mercado laboral. A cierre de 2025, el 72% de los cuidadores no profesionales registrados eran mujeres, y casi la mitad tenía entre 50 y 66 años.
Este perfil se aproxima al de la denominada generación sándwich, que en muchos casos debe compatibilizar el empleo con el cuidado de familiares de edad avanzada.
La presión también se refleja en las jornadas laborales. Más de 30.000 personas tienen un empleo a tiempo parcial porque dedican parte de su tiempo al cuidado de otras personas, más del doble que en 2005.
A esta situación se suma la reducción del tamaño de los hogares. La media ha pasado de 3,8 personas en 1970 a 2,5 en 2021, lo que limita la disponibilidad de apoyo familiar y aumenta la necesidad de servicios profesionales y de respiro.
Los gastos de cuidado amplían la brecha de renta
Los hogares con una persona mayor en situación de dependencia presentan menos ingresos durante el periodo analizado. En 2023, menos del 10% de su renta bruta disponible procedía de salarios, frente a aproximadamente el 15% en hogares sin dependencia.
También es menor el peso de los rendimientos del capital, alquileres y ganancias patrimoniales: un 13% frente al 23% de los hogares comparables.
Las prestaciones económicas por dependencia contribuyen a reducir estas diferencias, especialmente entre los hogares más vulnerables. Sin embargo, el efecto de los gastos vinculados a la dependencia resulta especialmente relevante entre las personas de mayor edad.
En los hogares con personas de 86 años o más, la brecha de renta alcanza los 8,8 puntos porcentuales cuando se descuentan los gastos relacionados con sanidad, cuidados, asistencia social y servicio doméstico.
El dato refleja el peso que pueden alcanzar estos gastos sobre los ingresos disponibles de las familias cuando aumenta la pérdida de autonomía.
Los hogares dependientes tienen menos patrimonio
El impacto no se limita a los ingresos. Según el estudio, los hogares con dependencia disponen, de media, de un 12% menos de patrimonio neto que otros hogares comparables, lo que supone cerca de 28.000 euros menos.
El informe apunta así a una progresiva erosión patrimonial asociada a las necesidades de cuidado, aunque advierte de que el análisis tiene determinadas limitaciones.
La metodología utilizada identifica a las personas que comienzan a percibir una prestación económica por dependencia, pero no incluye a quienes reciben exclusivamente servicios ni a las personas cuya situación de dependencia todavía no ha sido reconocida por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El sistema público afronta una demanda creciente
A cierre de 2025, el SAAD registraba 2,3 millones de solicitudes y reconocía el derecho a recibir una prestación a 1,8 millones de personas. De ellas, 1,7 millones contaban con un Programa Individual de Atención (PIA).
La expansión del sistema ha elevado el gasto total certificado asociado a la Ley de Dependencia en 5.597 millones de euros entre 2016 y 2024, un incremento del 76,6%.
Pese a esta evolución, el gasto público español en cuidados de larga duración se mantiene por debajo del 1% del PIB, según el estudio, frente a una media de la Unión Europea superior y a países que superan el 2%.
Las estimaciones de la AIReF apuntan a que el gasto podría alcanzar el 1,8% del PIB en 2070, debido al envejecimiento, al aumento del número de beneficiarios y a la evolución del gasto por persona atendida.
Juan Sitges: “Las familias necesitan movilizar ahorro y patrimonio”
Juan Sitges, director de Fundación Caser, destaca que la aparición de una situación de dependencia no solo obliga a reorganizar los cuidados, sino que también puede requerir movilizar ahorro y patrimonio para afrontar gastos que pueden prolongarse durante años.
Sitges considera necesario anticipar, informar y acompañar a las familias, combinando la protección pública con los servicios profesionales y las soluciones de previsión, siempre teniendo en cuenta la autonomía de cada persona.
Una cultura del cuidado más preparada
Fundación Caser plantea avanzar hacia un modelo de atención que permita anticipar el riesgo antes de que aparezca la dependencia, facilitar información y apoyo cuando comienza, reforzar los servicios profesionales y de respiro cuando se prolonga y abordar con tiempo las decisiones patrimoniales en las fases de mayor intensidad.
El objetivo es situar las preferencias, los deseos y la autonomía de la persona mayor en el centro de las decisiones.
“Una sociedad más longeva también nos invita a avanzar hacia una cultura del cuidado más preparada y compartida”, señala Juan Sitges, quien defiende integrar los cuidados como una parte de la planificación vital y familiar.
El estudio pretende contribuir a esta reflexión desde la prevención y la planificación financiera, ante un escenario de mayor longevidad y creciente demanda de cuidados.