El corredor estafó 1,4 millones de euros a más de 70 clientes

Un corredor de seguros ha sido condenado por estafar 1,4 millones de euros a través de su oficina en Elda a más de 70 clientes, según se recoge en la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Alicante.

Los hechos se remontan a 2005, cuando José L. C., administrador de Metrópolis 2001, utilizó su condición para engañar a 70 personas con pólizas para invertir en productos financieros de diferentes compañías aseguradoras. El acusado ha sido condenado por estafa y falsedad de documento mercantil al alterar pólizas y documentos y falsificar firmas de sus clientes para disponer de los fondos que habían invertido.

El papel del Colegio Profesional de Mediadores de Alicante ha sido “clave” para que los afectados puedan recuperar su dinero. Desde el primer momento en que se conocieron los hechos, el jefe de la unidad de mediación Jesús Valero, de la Dirección General de Seguros de la Comunidad Valenciana, que fue nombrado administrador por el tribunal, recibió “todo el apoyo y colaboración” del Colegio de Alicante.

El presidente del colegio en 2005, José Ruiz, y Mariano Hernanz y Antonio Serna, miembros del  equipo de gobierno de la institución colegial, fueron nombrados interventores a instancias judiciales. Ellos “velaron por el correcto funcionamiento de la empresa para que trabajadores de la misma no se vieran afectados en mayor medida. Pusieron todo su empeño en esclarecer los hechos y en trabajar para que todos los afectados pudieran recuperar su dinero a través de la póliza de responsabilidad civil que tenía contratada el corredor, quedando a decisión de esta compañía la opción de repercutir contra el confeso de esta estafa”, explica el Colegio en un comunicado.

Tras los hechos la DGS realizó una serie de inspecciones a 50 corredores con fuertes carteras en vida y todas “dejaron la evidencia de la transparencia y la buena gestión que tienen los profesionales del sector”. El trabajo del Colegio de Alicante se ha visto fortalecido por esta sentencia, ya que por fin todos los afectados podrán recuperar su dinero. En el año 2007 la sociedad afectada fue disuelta y la persona colegiada causó baja en el censo colegial.

El Colegio de Alicante señala que estar colegiado no es una obligación, pero “pone de manifiesto una manera de trabajar profesional avalada al mismo tiempo por profesionales del sector. Los clientes finales perciben la necesidad de trabajar con profesionales y hoy es la mejor herramienta para constatar la profesionalidad de agentes y corredores”. La institución colegial considera que su papel “ha sido clave para que hoy 70 familias puedan recuperar su dinero”.