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Tras cuatro años de trabajo llenos de interrupciones, el Pacto de Toledo ha publicado, por fin, sus 21 recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones. Unas medidas que el sector asegurador considera insuficientes.
Un texto de Virginia M. Zamarreño
El sistema público de pensiones necesita una reforma integral que termine de una vez por todas con el déficit de la Seguridad Social y garantice unas pensiones de jubilación justas y sostenibles en el largo plazo. Para ello, el Pacto de Toledo ha conseguido -tras cuatro años de trabajos y muchas interrupciones- presentar un documento con 21 recomendaciones que deberán ser debatidas en el Congreso de los Diputados en un pleno que aún no tiene fecha.
La sostenibilidad de las pensiones
El objetivo del Pacto de Toledo es apuntalar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y separar las fuentes de financiación para comenzar a solventar el problema del déficit estructural de la Seguridad Social. Pero el sector asegurador considera que estas medidas se quedan cortas y abogan por una reforma estructural del sistema de pensiones.
Para Rafael Villanueva, manager de retirement de Willis Towers Watson en España, se trata de una propuesta que contiene “iniciativas necesarias e interesantes”. Y supone “romper la tónica de parálisis en la que se encontraba la Comisión, en un momento en el que se acumulan ocho años de déficit al comparar ingresos con gastos”. Para el directivo de Willis Towers Watson, uno de los aspectos más positivos de las recomendaciones es que la reforma abarca los cuatro pilares de la previsión: Seguridad Social, previsión en la empresa, previsión individual y un cuarto pilar con soluciones innovadoras como las hipotecas inversas. Pero, “no se aborda aún el rediseño integral que posiblemente necesite el sistema”, lamenta.
Redistribución de gastos y fuentes de financiación de las pensiones
Uno de los aspectos en los que se centra el Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones del Pacto de Toledo es en trasladar gastos de la Seguridad Social a otras partidas de los presupuestos generales del Estado (PGE). Algo que Villanueva señala como “demasiado continuista e insuficiente”.
Además, algunas medidas impulsarán los gastos. Como vincular la revalorización anual de las pensiones al IPC; o la posibilidad de elegir los años más favorables de cotización para el cálculo de la pensión. En este sentido, BBVA Research prevé que este sobrecoste, que al final deben pagar los ciudadanos vía impuestos o más cotizaciones sociales, suponga un aumento hasta los 3.500 euros por contribuyente y año en 2045.
Hay aspectos positivos en la reforma, no todo es malo. Rafael Villanueva destaca el…
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