Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura abordan en una jornada la lucha contra la violencia de género en el ámbito judicial e institucional

La Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han celebrado recientemente en la Torre de Cristal de Madrid la jornada Nuevos retos en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito institucional y judicial. La jornada fue inaugurada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, que estuvo acompañado por el presidente de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y el presidente de la APM, Manuel Almenar.

El secretario de Estado se refirió a las más de 200 medidas presentadas en el marco del Pacto de Estado que se acaban de analizar en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Garcés puso el foco en los 19 niños huérfanos y los siete asesinados en lo que va de 2017 en España. Considera que “la batalla contra la violencia de género la tenemos que librar entre todos: instituciones públicas, fundaciones, magistrados, jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”

Por su parte, Garralda recordó que “la Fundación Mutua Madrileña lleva cinco años trabajando en apoyar la lucha contra la violencia de género, con la financiación de casas de acogida y campañas de prevención que, fundamentalmente, se orientan a lograr el aislamiento social del maltratador”.

Almenar indicó que “todos somos responsables como ciudadanos de un país que propugne la dignidad, la igualdad y la justicia. Cuando debatimos sobre la protección de la mujer, no estamos defendiendo a una de las partes, sino derechos fundamentales”.

Los protocolos de actuación y la dotación de medios para la protección de las víctimas, el tratamiento de las dificultades probatorias a la hora de actuar contra los maltratadores, el impacto de las denuncias falsas o el trabajo con jóvenes y adolescentes en materia de prevención fueron algunos de los temas discutidos durante la jornada. Esta fue coordinada desde la APM por las magistradas María Jesús del Barco y Carmen Caracuel, pertenecientes al grupo de igualdad y conciliación de esta asociación. Esta última recordó que “el maltrato es un problema real que nos afecta y compromete a todos”.

En la primera de las mesas se abordó La protección a las víctimas y la actuación judicial y en ella participó Gemma Gallego, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro español del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio) para el Convenio de Estambul; Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer; María Jesús López Chacón, magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género de Arganda del Rey; y María Elena Palacios Tejero, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía.

Sobre las denuncias falsas, tanto Martín Najera como las magistradas presentes en la mesa coincidieron en que son “marginales”. De hecho, “la Fiscalía lleva el seguimiento de casos de acusación falsa y desde 2009 a 2016 ha habido más de un millón de denuncias, de las que solo 212 han sido incoadas por falsedad. Supone tan solo un 0,02%. Este mito es uno de los mayores enemigos de la lucha contra la violencia de género”, explican.

También se debatió la custodia compartida con el maltratador. Un tema que genera controversia y en el que la opinión mayoritaria es que debe estudiarse cada caso concreto antes de privar al hombre del derecho a estar con sus hijos.

En la segunda mesa, con el título Las administraciones públicas ante la tolerancia cero, el marco jurídico y el entorno social, intervinieron Vicente Magro Servet, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid; Pilar Moreno Sastre, vocal asesora de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género; María Ángeles Jaime de Pablo, abogada y socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; y Ana Bella Estévez, presidenta de la Fundación Ana Bella.

Magro defendió que los programas de reinserción de los maltratadores son útiles y, en un alto porcentaje, efectivos, pero es importante “que se hagan en sede judicial por la autoridad que representan. En el Pacto de Estado se transmite la necesidad de que se coordine desde las audiencias judiciales provinciales y que sean homogéneos en todo el Estado”.

Por su parte, Pilar Moreno hizo hincapié en la necesidad de prevención, especialmente en los más jóvenes. “Hemos detectado en estudios que hay una mayor tolerancia de las actitudes del control de las chicas a través del móvil. Es una realidad presente en la que debemos incidir”, señala.

Por último, se defendió que no se debe forzar a denunciar. “Hay que apoyar y acompañar a las víctimas para que denuncien cuando estén preparadas. Muchas veces al principio ni siquiera saben que están siendo maltratadas. La víctima tiene que recibir mensajes claros de que el Estado la va a apoyar para convencerla de que denuncie”, concluyó Ana Bella Estévez.