De acuerdo con la legislación española, cuando una persona física adquiere una deuda con un tercero, debe responder ante ella con su patrimonio presente y futuro. Este es uno de los escollos principales a los que se enfrentan los empresarios y profesionales autónomos a la hora de emprender un negocio. Pero no son los únicos afectados, los particulares también lo sufren, especialmente en los casos en los que no se puede hacer frente al pago de la hipoteca. Además de perder su vivienda habitual, se ven afectados por una espiral de embargos y deudas que condenan a una parte de la sociedad a la llamada ‘muerte civil’.

Para paliar estas situaciones el Gobierno aprobó en agosto de 2015 la conocida como Ley de Segunda Oportunidad, que permite exonerar a los particulares de algunas de estas deudas para evitar que caigan en la exclusión financiera, una vez que se produce el impago de una deuda es muy complicado volver a obtener financiación bancaria de nuevo.

Pero esta Ley tiene sus limitaciones. La primera de ella es el desconocimiento. De acuerdo con los datos ofrecidos por el magistrado juez decano de los juzgados de Valencia y portavoz de los jueces decanos de España, Pedro Luis Viguer Soler en la celebración del VI aniversario de Aprocose en Forinvest, la ley se ha aplicado en apenas un millar de casos. Para Viguer Soler, la norma es “insuficiente” para solucionar la “muerte civil” a la que se enfrentan las personas que no pueden hacer frente a sus deudas con bancos y resto de acreedores.

El principal motivo es la dificultad de acogerse a ella, ya que excluye los préstamos públicos y los créditos hipotecarios, el principal motivo de las insolvencias de los ciudadanos.

El magistrado defendió que se trata de una de las leyes más necesarias e interesantes, e incluso relevantes desde el punto de vista jurídico, social y económico de los últimos años, pero “está sirviendo de muy poco”. El magistrado juez decano de los juzgados de Valencia solicitó en el foro que “se reforme de inmediato, para flexibilizarla y que se facilite el acceso a la ley”.

Alternativas

Aunque han moderado su crecimiento, las ejecuciones hipotecarias aún suponen un importante problema para las familias españolas. Al cierre del cuarto trimestre de 2015 las ejecuciones de hipotecas sobre primeras viviendas crecieron un 16,2%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los datos difundidos por el INE destaca que el 76,8% de las viviendas con ejecución hipotecaria son habituales y el propietario una persona física. En el periodo 2005-2008 se constituyeron el 56% de las hipotecas ejecutadas en este trimestre.

Con el objetivo de ayudar a paliar esta situación Preventiva Seguros ha lanzado recientemente al mercado un seguro que permite hacer frente a este problema. Se trata del ‘Seguro Reinicia’, que elimina toda deuda posterior a la ejecución. La póliza evita que el propietario de un piso embargado, y subastado posteriormente por el banco, tenga que seguir pagando la deuda pendiente con la entidad financiera en el caso de que el valor de adjudicación en subasta fuera inferior a la deuda pendiente.

En la práctica este seguro produce los mismos efectos que una dación en pago. La compañía señala que el seguro se dirige exclusivamente a la vivienda habitual y tiene un periodo de carencia de seis meses. El precio medio del seguro, calculado para hipotecas medias entre los 100.000 y 150.000 euros de capital pendiente, que puede abonarse de una vez o de forma fraccionada, se sitúa entre 800 y 1.200 euros, en pago único.

¿A quién va dirigido?

Dada la magnitud de la problemática social que aborda, la compañía prefiere “compartir este producto como forma de priorizar el servicio a la sociedad antes que la exclusividad del producto”, explican fuentes de Preventiva. Por lo tanto, además de los colectivos destinatarios de este seguro, Preventiva ofrece Seguro Reinicia “a todas aquellas otras compañías aseguradoras u otros canales que quieran distribuirlo”.

Desde el punto de vista del cliente final, el nuevo seguro va dirigido a tres perfiles de clientes diferenciados. Por un lado, a las personas que están pensando en comprarse una vivienda y que, ante un paso tan importante en su vida, necesitan una seguridad por si en el futuro les ocurre algún problema que les impida pagarla.

Por otra parte, a los que ya son propietarios pero prefieren contar con la solución que les proteja en caso de necesitarlo. Y, en tercer lugar, a los avalistas de los anteriores, que quieran liberar su carga, pero sobre todo que no quieren que sus seres queridos se vean en dificultades añadidas a la ya grave pérdida de la vivienda.