El pasado 2 de julio se cumplieron dos años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2022, cuyo objetivo principal es impulsar el ahorro complementario de los trabajadores a través de los planes de pensiones de empleo. Esta norma ha modificado el marco legislativo previo, incluido el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, y ha sido desarrollada mediante reglamentos como el RD 668/2023, RD 885/2022 y RD 1086/2024.
La Ley 12/2022 busca extender la previsión social empresarial, especialmente entre colectivos históricamente marginados como empleados de pymes y autónomos, con el objetivo a largo plazo de alcanzar una cobertura del 80% de los trabajadores y un volumen de derechos económicos gestionados equivalente al 31% del PIB en 2050. Sin embargo, los retos son inmensos: en 2022, solo el 8,5% de los trabajadores estaban cubiertos por estos planes, con derechos acumulados de 37.000 millones de euros.
El Instituto Santalucía analiza estos dos años y los potenciales de mejora en su informe Claves para el crecimiento de las pensiones del sistema de empleo en España: una visión comparativa, elaborado por Fernando Martínez-Cue.
Principales medidas de la Ley 12/2022
La normativa introduce varias iniciativas clave:
1.Planes de pensiones de empleo simplificados (PPES):
Se han creado cuatro submodalidades, adaptadas a colectivos como trabajadores de pymes, autónomos y socios de cooperativas. Estos planes simplifican su adhesión y gestión, con el objetivo de reducir cargas administrativas y fomentar su adopción.
2.Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP):
Dirigidos a reducir los costes de gestión y promover el ahorro en pymes, con límites de gastos competitivos. Además, incluyen una plataforma digital común para facilitar la gestión y el acceso a la información.
3.Aumentos en los límites de aportaciones y deducciones fiscales:
En particular, para autónomos, que ahora pueden aportar hasta 5.750 euros anuales, incluyendo 4.250 euros adicionales destinados a planes simplificados.
4.Incentivos fiscales y bonificaciones de los planes de pensiones de empleo:
Las empresas pueden deducir un 10% de las contribuciones realizadas para trabajadores con salarios inferiores a 27.000 euros y acceder a bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social.
Resultados preliminares
Los avances logrados hasta ahora presentan un panorama mixto:
• Planes de empleo simplificados:
Han mostrado resultados prometedores, especialmente entre los autónomos. A noviembre de 2024, se han promovido 42 planes, con 23.000 partícipes y más de 113 millones de euros en derechos consolidados. Sin embargo, su impacto se concentra principalmente en autónomos con mayores ingresos.
• Sectoriales:
El Plan Simplificado del Sector de la Construcción ha logrado una amplia adhesión, con más de 575.000 trabajadores inscritos, representando un 57% de los elegibles.
• Fondos de Promoción Pública (FPEPP):
Estos fondos no han logrado atraer planes de pensiones. Las comisiones promotoras prefieren optar por fondos privados, lo que evidencia la necesidad de ajustes normativos para mejorar su atractivo.
Propuestas para mejorar el sistema
El informe del Instituto Santalucía identifica áreas de mejora y sugiere medidas como:
1.Revisar la gobernanza de los FPEPP:
Reducir la supervisión del Ministerio de Inclusión y transferirla a la Dirección General de Seguros.
2.Ampliar el marco fiscal y educativo:
Incrementar los límites de deducción fiscal y fortalecer los programas de educación financiera.
3.Generalización y suficiencia:
Establecer una participación casi obligatoria en planes de empleo para trabajadores de pymes, con aportaciones mínimas que no afecten la competitividad. Posteriormente, aumentar las contribuciones para garantizar prestaciones suficientes.
4.Impulsar la promoción pública:
Levantar restricciones en planes de empleo sectoriales de las Administraciones Públicas para aumentar su participación en los FPEPP.
La Ley 12/2022 representa un avance significativo hacia la generalización del ahorro complementario, pero los resultados actuales evidencian la necesidad de ajustes normativos y compromisos más sólidos por parte de todos los actores implicados. Los planes de empleo simplificados muestran potencial, mientras que los fondos de promoción pública aún no logran posicionarse como una alternativa atractiva. La clave del éxito radica en un desarrollo normativo continuo, acompañado de un debate público que fomente la cultura del ahorro entre trabajadores y empresas.
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