Dos de cada tres mayores quieren contar con un abogado de confianza para proteger su patrimonio y su autonomía

El Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal revela que siete de cada diez mayores desconocen sus derechos y dos de cada tres querrían contar con un abogado de confianza.

El Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal revela que siete de cada diez mayores de 65 años desconocen cómo proteger legalmente su patrimonio y su autonomía. El estudio pone de manifiesto el creciente interés por el asesoramiento jurídico para planificar herencias, otorgar testamentos y afrontar situaciones de dependencia.

El envejecimiento de la población española está transformando las necesidades de protección jurídica de los ciudadanos. Según el último Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, el 71% de las personas mayores de 65 años reconoce que desconoce en gran medida cuáles son sus derechos ante situaciones como la dependencia, la pérdida de autonomía o los conflictos familiares.

El estudio también revela que dos de cada tres séniors (66%) desearían contar con un abogado de confianza que les ayudara a tomar decisiones relacionadas con su patrimonio, sus cuidados o su futuro, mientras que el 52% considera que disponer de este asesoramiento facilitaría la defensa de sus derechos.

Crece el interés por planificar el futuro

El informe refleja una creciente preocupación por anticipar decisiones legales que permitan preservar la autonomía personal y evitar problemas familiares.

Entre las principales necesidades detectadas destacan:

  • El 68% contrataría ayuda jurídica para planificar su herencia o legado patrimonial.
  • El 67% solicitaría asesoramiento para otorgar un testamento o poderes preventivos.
  • El 65% recurriría a un abogado para reclamar tras una caída en la vía pública.
  • Otro 65% buscaría ayuda para solicitar prestaciones o ayudas asistenciales.
  • El 65% lo haría para resolver reclamaciones de consumo.
  • El 56% necesitaría asesoramiento para gestionar su patrimonio.
  • El 53% pediría apoyo para tramitar pensiones de jubilación o viudedad.
  • Otro 53% lo utilizaría ante situaciones relacionadas con ingresos hospitalarios.
  • El 43% demandaría asistencia para afrontar problemas derivados de la brecha digital.

Además, cuatro de cada diez personas mayores consideran a los abogados como su principal referencia para resolver cuestiones relacionadas con herencias y patrimonio.

La planificación jurídica sigue llegando tarde

Pese a este interés creciente, el estudio muestra que solo el 46% de los mayores ha hablado con naturalidad sobre estas cuestiones con sus familiares o futuros herederos.

Para Gemma Viñuales, abogada de onLygal, esta falta de planificación puede limitar las opciones cuando aparecen problemas de salud o conflictos familiares. “Cada vez vivimos más años, pero seguimos llegando a esa etapa sin preparar muchas de las decisiones jurídicas que pueden resultar determinantes para preservar nuestra autonomía. Igual que planificamos nuestra jubilación desde el punto de vista económico, conviene planificar también la protección jurídica de esa etapa de la vida.”

Cinco decisiones clave para proteger la autonomía

Con motivo del Día Mundial de los Abuelos, onLygal recomienda abordar con antelación algunas decisiones jurídicas que pueden facilitar la gestión del patrimonio y garantizar que se respete la voluntad de las personas mayores.

Entre ellas destacan:

  • Elaborar un testamento para ordenar la sucesión y reducir conflictos entre herederos.
  • Otorgar poderes preventivos que permitan a una persona de confianza actuar si se pierde la capacidad de decisión.
  • Proteger el patrimonio frente a posibles abusos o fraudes mediante asesoramiento jurídico previo.
  • Analizar las consecuencias legales y fiscales de operaciones sobre la vivienda, como donaciones, usufructos o rentas vitalicias.
  • Favorecer una comunicación abierta dentro de la familia para evitar conflictos relacionados con herencias o cuidados.

Según Viñuales, herramientas como el testamento, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas “permiten proteger la voluntad de las personas, evitar conflictos familiares y facilitar la toma de decisiones cuando aparecen situaciones de dependencia o deterioro cognitivo”.

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