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El desafío independentista obliga a varias compañías afincadas en Cataluña a trasladar su sede a otras comunidades autónomas. Su objetivo es salvaguardar los intereses de sus asegurados, clientes y mediadores.

Un texto de V.M.Z.

Para que se desarrolle toda actividad económica es necesario contar con un marco legal y jurídico estable. El temor a la inestabilidad política que supone el desafío soberanista del gobierno autonómico catalán y las consecuencias que tendrá a corto y medio plazo en el desarrollo socioeconómico de la región, han sido muchas las empresas que han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña. Una decisión que también han tomado varias compañías aseguradoras.

Entre ellas, Catalana Occidente. El grupo asegurador, con más de 150 años de historia y presente en más de 50 países, tomó la decisión firme de trasladar su sede a Madrid porque así “garantiza que su actividad pueda seguir desarrollándose con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica  y económica”.

Madrid es también el destino de las sedes sociales de VidaCaixa, la compañía de seguros de vida y pensiones de Caixabank, y de SegurCaixa Adeslas, la compañía de seguros generales que el banco de origen catalán comparte con Mutua Madrileña. No son las únicas. MGS Seguros ha decidido hacerlo también y deslocalizar su sede social, pero su destino es Zaragoza. AXA, por su parte, ha anunciado el traslado del domicilio social de AXA Vida y AXA Pensiones a Bilbao.

Barcelona es una de las ciudades más importantes para el seguro, además de por su relevancia comercial y económica, porque muchas compañías multinacionales la eligieron como sede de sus filiales españolas. Zurich Seguros, Allianz, Arag, DAS… son solo algunos ejemplos.

En el caso de Allianz Seguros, la compañía explicaba a Seguros Tv que “Allianz Seguros es una compañía con sede en Barcelona y con más de 2.400 empleados distribuidos en 150 centros de trabajo. Nos sentimos muy cómodos y acogidos en todas las poblaciones en las que estamos presentes”. Fuentes de la compañía, filial española del grupo asegurador alemán, añaden que “las decisiones de la compañía siempre se rigen con el objetivo de velar por los intereses de nuestros clientes, accionistas y empleado”.

Al cierre de esta edición, Zurich aún no se había manifestado acerca de si tomará alguna medida especial en este contexto. Por su parte, DAS ha enviado un comunicado en el que afirma que “el actual contexto político y social que afecta al país ha sumido en una profunda preocupación a buena parte de la sociedad y el tejido económico. En función de las decisiones políticas que se puedan tomar durante el día de mañana -por el martes 10 de octubre-, DAS Seguros tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de sus clientes, accionistas y empleado”.

El objetivo de todas las compañías de seguros es garantizar que su actividad pueda desarrollarse en el marco de la regulación de seguros de la Unión Europea y bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y garantizar poder cumplir en todo momento con las obligaciones contraídas con sus clientes tanto en seguros generales y personales como en el ahorro gestionado.

¿Qué consecuencias tendrá para los asegurados?

Según explican fuentes del sector asegurador, una declaración unilateral de independencia por parte del Govern de Carles Puigdemont rompería el marco legal y jurídico del sector asegurador con consecuencias tanto para las compañías de seguros como para los profesionales de la mediación y también para los asegurados.

En primer lugar, la independencia supondría una salida automática de la UE y la necesidad de articular una legislación propia en materia de seguros, lo que llevaría su tiempo. Además, los pasaportes comunitarios de las compañías –que permiten su actividad en cualquier estado miembro- dejarían de tener vigor, lo que provocaría más huidas de empresas fuera de Cataluña. El nuevo estado creado debería, además, crear su propio órgano de supervisión del sector asegurador.

En el caso de los corredores de seguros, según explica José Luis Latorre, director de suscripción de Alea Cover, en un artículo publicado en LinkedIn, recogido por Seguros Tv, los profesionales supervisados por la Dirección General de Política Financiera y Seguros del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, deberían renunciar al negocio que pudieran tener fuera de las hipotéticas fronteras catalanas. Si quisieran operar en España, deberían crear filiales o participadas en territorio español, por la desactivación automática del pasaporte comunitario.

Si el corredor tiene actividad en toda España, y están supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, su destino sería trasladar su domicilio social, fiscal y operativo a territorio español para mantener su estabilidad regulatoria. Lo mismo se aplicaría a las agencias de suscripción.

¿Qué consecuencias tendrá para el asegurado?

En caso de independencia, los primeros efectos que tendría para los consumidores sería quedar sin la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros y otros organismos como el Pool de riesgos medioambientales o el Pool Nuclear. Esto supondría quedar desprotegidos frente a los daños causados por los riesgos extraordinarios, como inundaciones, tormentas atípicas o terrorismo.

El gobierno del nuevo estado independiente debería calcular el coste de crear un organismo similar, singularmente español, para no dejar desprotegidos a sus ciudadanos, o hacerse cargo de este tipo de siniestros, con el coste económico que ello supondría.