OESA advierte de una reducción de la oferta y alza de precios tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2026 el pasado 22 de marzo. La nueva norma impone prórrogas automáticas de dos años y limita las subidas al 2%.
La oferta del mercado de alquiler va a continuar reduciéndose a lo largo de 2026 con un incremento de precios, según se alerta desde el Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA), por los efectos del Real Decreto-Ley 8/2026 que acaba de entrar en vigor este 22 de marzo.
Aunque el Congreso de los Diputados no apruebe dicha norma, ya está en vigor, afectando a un millón de contratos que se prorrogarán por dos años, con subidas máximas del 2 %. Desde OESA se aclara que el nuevo Real Decreto de Alquiler insiste en aplicar medidas que no han funcionado antes con la excusa de la guerra con Irán.
Javier Íscar de Hoyos, presidente de OESA
“La regulación en el alquiler y la actuación sobre los propietarios ya se ha comprobado reiteradamente que tiene un efecto contrario al deseado en el mercado”. El Presidente de OESA insiste en que la actuación del sector público se debe focalizar en impulsar la creación de viviendas en régimen de alquiler asequible. En este sentido apunta a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de liberar suelo público, además de reducir los controles en los precios que han reducido la oferta del alquiler drásticamente en los últimos tres años.
Los contratos afectados por el nuevo Real Decreto-Ley son los sujetos a la LAU que vencen a partir del 22 de marzo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027. Alrededor de un millón. Aunque el Congreso de los Diputados derogue dicho Real Decreto Ley, se aplicará el principio de los “derechos adquiridos”. Es decir, que si se ha solicitado la prórroga extraordinaria y automática bajo el amparo del Real Decreto Ley vigente, dicha prórroga debería mantenerse. Además, los cambios normativos no suelen tener carácter retroactivo.
La batalla legal está anunciada dado que también se cuestionan las razones de urgencia y necesidad provocadas por la Guerra de Irán para justificar la prórroga de los contratos de alquiler. Por lo que dicho Real Decreto podría ser una injerencia desproporcionada en el derecho a la propiedad.
Menos viviendas en alquiler y más caras
Los efectos del Real Decreto Ley en el mercado van a ser muy concretos, según se explica desde OESA:
- Los precios de las viviendas van a seguir aumentando. Muy especialmente aquellas que salgan por primera vez al mercado.
- La oferta de alquiler de larga duración va a continuar disminuyendo, pues ante el clima de inseguridad jurídica y alarma, así como la rebaja de rentabilidad de los inmuebles que están alquilados, los propietarios van a sacar sus inmuebles del mercado del arrendamiento. Muchos aprovecharán para vender en un momento de máximos históricos o, incluso, dejar los inmuebles vacíos.
- Los alquileres de larga duración van a seguir desviándose hacia los de corta duración, turísticos y arrendamiento por habitaciones.
- La inseguridad jurídica, lejos de retroceder, continúa aumentando por los constantes cambios normativos, desde la Ley de Vivienda de 2023 hasta este nuevo Real Decreto. Un escenario de tormenta perfecta en el que podrían, incluso, frenarse la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler.
- Exigencia absoluta de filtrado de inquilinos ante el aumento de la siniestralidad a través de los seguros de Impago de Alquiler que son las herramientas que facilitan el mejor scoring o selección de inquilinos y facilitan el cobro de la renta en caso de incidencia.
OESA es uno de los grandes actores del mercado del alquiler en nuestro país
Reúne en un gran foro de debate a aseguradoras, ARRENTA SABSEG como corredor especializado líder, además de profesionales inmobiliarios, propietarios, organizaciones de inquilinos, y cuenta con las aportaciones de las distintas Administraciones Públicas.
El Observatorio Español de Seguro de Alquiler es referente en el impulso del alquiler con seguro en España desde hace quince años e integra a una red plural de actores del sector inmobiliario y asegurador, agentes inmobiliarios (APIs), promotoras, grandes tenedores, SOCIMIs, principales aseguradoras, arrendadores y arrendatarios, además de instituciones públicas.