Javier Barberá ha advertido que “las prácticas abusivas de la banca han aumentado en los últimos seis meses y las entidades financieras siguen aprovechando la concesión de créditos para vincularlos a la contratación de seguros a través de sus oficinas”. El presidente del Consejo General de Mediadores también ha recordado que “se está incumpliendo la Ley General de Defensa de los consumidores y usuarios, la Ley de Mediación de Seguros y la Ley de Defensa de la Competencia”.
Las malas prácticas de la banca
La jornada sobre mala praxis bancaria ha sido organizada por el Colegio de Alicante con la participación de expertos financieros y profesionales del sector asegurador y la justicia. En ella Barberá ha remarcado que «las administraciones y el regulador siguen consintiendo una situación que va contra el libre mercado y contra los derechos de los clientes, que en el momento de pedir un crédito están en una situación de inferioridad evidente«.
En opinión del presidente de los mediadores de seguros «defendemos la libertad de mercado y la libre de competencia, por eso, no nos oponemos a que la banca venda seguros, sino a la forma en que lo hacen, abusando de su posición dominante«. Por último, Javier Barberá ha recordado que la práctica de vincular la concesión de un crédito a la contratación de un seguro tiene otra derivada muy grave para el cliente: «en muchas ocasiones el usuario paga un precio más alto que el del mercado o recibe unas coberturas por encima de sus necesidades reales. Todo ello a largo plazo puesto que lo normal es que mantenga el seguro durante los años que abarca la hipoteca«.
Los mediadores denuncian la mala praxis
Desde hace tiempo, los colegios de mediadores han detectado prácticas comerciales irregulares por parte de la banca. En julio de 2020 sus denuncias permitieron abrir diligencias en la CNMC que están pendientes de próximo fallo. Además, han publicado el Estudio sobre la contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos a partir de las experiencias vividas por más de un millar de personas en el momento de solicitar un crédito bancario. Las conclusiones han servido de base para denunciar ante los organismos y administraciones competentes.
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