El Gobierno de España da el pistoletazo de salida para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un servicio gratuito que tiene como objetivo mediar y resolver litigios de los clientes con la banca, cuyas decisiones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a los 20.000 euros.
El Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022. “Esta iniciativa fue planteada por el Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la recogió en 2018 con la intención de ponerla en práctica en 2019”, revela la abogada del despacho Sanahuja Miranda Abogados Elena Arbiol.
El Consejo de Ministros ya ha aprobado el proyecto de ley. Y se espera, según Arbiol, que el servicio empiece a funcionar de cara a la segunda mitad de 2022.
“Las organizaciones de consumidores llevaban tiempo solicitando que se acelerase la creación de esta autoridad para evitar nuevos abusos desde el sector financiero y costes adicionales a los clientes en el momento de reclamar”, añade.
¿Cómo funcionará la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero?
Esta defensa y mediación dentro del mundo financiero está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, contará con un Comité Consultivo del que formarán parte representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las patronales sectoriales del ámbito financiero y de las Comunidades Autónomas.
Su financiación se basará en una dotación presupuestaria anual del Gobierno, pero dependerá también de las tasas a abonar por las mismas entidades financieras.
¿Quién puede reclamar como cliente financiero?
Las reclamaciones las podrán presentar todas aquellas personas físicas o jurídicas, clientes de servicios financieros del ámbito de aplicación, por posibles incumplimientos de infracciones por normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros.
“El sistema está planteado para atender solamente las reclamaciones que tengan un contenido económico, y así hacer una pequeña criba de aquellas quejas menos relevantes”, asegura la experta.
Estas reclamaciones engloban cualquier tipo de pretensión del cliente financiero para que se restituyan o reparen sus intereses o derechos, si es que finalmente se considera que han sido vulnerados.
Una polémica acogida
Las organizaciones de consumidores reciben esta iniciativa legislativa con gran satisfacción. Aun así, lo cierto es que no ocurre lo mismo con otras entidades, como la Asociación Española de Banca, que apuesta por la modificación de las autoridades existentes en lugar de crear un nuevo organismo.
El Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado en un comunicado su posición sobre esta nueva ley, asegurando que la creación de un nuevo órgano de la Administración puede generar un camino más tortuoso, sin evitar que un número considerable de asuntos concluyan igualmente en los tribunales.
“Tenemos delante un anteproyecto lleno de buenas intenciones y que podría ser de gran ayuda para los clientes, aunque habrá que esperar para valorar su efectividad después de su puesta en marca. De igual modo, durante todo este tiempo se seguirán produciendo aportaciones por parte de los agentes sociales y económicos, así que resultará interesante ver cómo evoluciona esta iniciativa legislativa”, concluye la abogada de Sanahuja Miranda Abogados.
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