ASPE rechaza la intervención de la sanidad privada por el Estado como en marzo

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Consciente de la alarmante presión hospitalaria que la tercera ola del coronavirus está ya provocando en algunos territorios del país, la Alianza de la Sanidad Privada Española vuelve a ofrecer toda su capacidad asistencial a las autoridades sanitarias, para hacer frente a la emergencia sanitaria y social de un modo más eficaz.

La patronal insiste en que la respuesta asistencial público-privada debería contemplar dos principios básicos: marco estable para todo el territorio y aplicación flexible de protocolos de colaboración adaptados a la situación particular de afectación de cada territorio.

Las condiciones de la sanidad privada

Para ASPE, la situación vivida durante la primera ola, con el primer decreto de estado de alarma que intervino de facto la libertad empresarial de todos los operadores de provisión sanitaria, es inasumible por el sector e injustificable sin un marco de trabajo previo.

“En las últimas semanas, nos preocupa mucho que las administraciones sanitarias tengan nuevamente la tentación de emplear el BOE para desprogramar nuestra actividad y poner en jaque nuestra propia supervivencia, cometiendo los mismos errores que al inicio de la pandemia, sin diferenciación por territorios, ni ayudas, ni flexibilidad”, advierte el presidente de ASPE, Carlos Rus. La situación actual propicia que se hable en algunas regiones de desprogramación general, como en la Comunidad Valenciana.

Viabilidad económica de la sanidad privada

Hay que recordar que la desprogramación de toda actividad no urgente supuso graves consecuencias de viabilidad económica para muchos centros sanitarios privados que, viéndose obligados a mantener toda su infraestructura y personal a disposición, no pudieron acogerse a medidas de ajuste de personal ni han recibido ayudas específicas. El impacto económico ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y una deuda estimada de aproximada de 250 millones de euros.

La sanidad privada considera que solo podría asumirse una desprogramación parcial de las intervenciones que requieren UCI. Y en aquellas zonas de gran afectación en las que sea necesario en un momento concreto.

Desde ASPE se incide en la necesidad urgente de dar una respuesta integrada y gestionar todos los recursos sanitarios del país como un todo eficiente. “Llevamos pidiendo desde junio un marco de trabajo conjunto que siente las bases para una respuesta asistencial acorde a las circunstancias”, explica el presidente de ASPE.

Hasta nueve regiones han empezado ya, o van a hacerlo en breve, a derivar de nuevo enfermos de la pública, tanto de patologías covid como no-covid. En concreto, ya están derivando pacientes covid el servicio de salud de Cataluña y el de Navarra lo ha solicitado recientemente.

Prioridad de la atención del paciente, también no covid

Por delante de las consecuencias empresariales para el sector de la provisión sanitaria, la paralización de la actividad asistencial en los centros privados puede suponer un perjuicio grave en términos de salud pública. “Tenemos que lograr un equilibrio asistencial y de disposición de medios, humanos y técnicos; que evite la desprogramación de intervenciones, el agravamiento de otras patologías por demora en los diagnósticos y tratamientos. Así como la inasumible congestión de las listas de espera”, insiste Rus.

La crisis del coronavirus ha provocado que por primera vez la sanidad privada registre listas de espera en determinadas intervenciones quirúrgicas. Un hecho que, a su vez, repercute negativamente en la saturación del sistema público. Por lo que hay que pensar más en el paciente. Y dar respuesta a otras muchas enfermedades que, con circuitos sanitarios de seguridad ya establecidos y de probada eficacia, pueden ser atendidas con total garantía”.

La colaboración de la sanidad privada como circuito libre de covid es una respuesta adecuada en términos de gobernanza sanitaria. De hecho, las Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, Canarias, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares están enviando a centros privados enfermos libres de COVID. Para liberar infraestructura sanitaria; y albergar el enorme volumen de contagiados que llegarán en las próximas semanas.

Sin participación de la sanidad privada en la estrategia de vacunación

La sanidad privada no tiene papel alguno de momento en la estrategia de vacunación. No lo ha tenido en el grupo de trabajo previo. Y de momento, ante la oferta de ASPE de participar, “parece que no hay mucho interés en que aportemos en este momento nuestro apoyo, infraestructura y experiencia”, según Carlos Rus.

El presidente de ASPE ha mantenido recientemente conversaciones con el Ministro saliente, Salvador Illa. Y ante la oferta de la sanidad privada, el responsable de Sanidad remitió a considerar a futuro su participación. Especialmente cuando se dispusiera de suficientes vacunas para incrementar el ritmo de inmunización.

También se planteó al Ministerio convertir a la sanidad privada en circuito paralelo de vacunación de profesionales de sectores estratégicos, como el turismo, la hostelería o los farmacéuticos. Así, el establecimiento de un circuito paralelo permitiría acelerar notablemente la inmunización de sectores estratégicos para la economía española.

Negociar con las farmacéuticas

ASPE ha propuesto además que el Gobierno autorice al sector a negociar directamente con las farmacéuticas para la provisión de vacunas. Bajo control y supervisión de las administraciones; de la misma forma que se hace con otras campañas de vacunación como la gripe.

Por su lado, distintas regiones han contestado afirmativamente a la necesidad de la participación de la sanidad privada en la estrategia. Hasta la fecha, solo Madrid, Murcia, Andalucía o Cataluña han indicado que contarán a futuro con su ayuda.

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