El pasado 21 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley 16/2013 en el que se amplían los conceptos que computan en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. Esto afecta directamente a los planes de pensiones de empleo pagados por las empresas a sus trabajadores, que pasan a cotizar de la misma manera que el resto de la retribución del empleado.

La Fundación Edad & Vida advierte en un comunicado las “críticas consecuencias” que esta medida tendrá sobre el ahorro para la jubilación y su impacto en la calidad de vida de las personas mayores. “España no tiene cultura de ahorro a largo plazo y estas medidas no lo favorecen, es más, lo penalizan”, señala, y recuerda que “esta medida no está en línea con las medidas impulsadas por el resto de los países de la UE, que apuestan por el apoyo a la empresa como vehículo de ahorro finalista para la jubilación”.

Además, Edad & Vida recuerda que los tres pilares sobre los que se sustenta el sistema de pensiones en España “se ven afectados gravemente por las nuevas medidas”. En este sentido, la fundación destaca que el primer pilar, el sistema público, está reduciendo las pensiones de los ciudadanos, que cada vez se distancian más de los sueldos percibidos por los trabajadores.

Por su parte, el segundo pilar, la empresa, tras las nuevas medidas, verá mermada su capacidad de apoyo a las familias en la generación de ahorro para la jubilación. “La empresa puede dejar de ser un vehículo de ahorro finalista sistemático por parte del trabajador”.

El último pilar, el propio ciudadano, es impensable que pueda compensar por sí mismo la pérdida del apoyo de la empresa y del Estado en una situación de falta de empleo y de reducción de salarios medios como la actual, teniendo en cuenta que estas medidas afectan exclusivamente a aquellos que no llegan al máximo de cotización, es decir, los más vulnerables.

En qué afecta las nuevas medidas:

• La nueva medida incide negativamente en uno de los beneficios sociales más valorados por los trabajadores y las clases medias: los planes de pensiones de empleo.
• Afecta a todos los trabajadores que no alcanzan las bases máximas de cotización y por tanto, los que menor capacidad de ahorro tienen, dado que los empleados con mayores rentas ya superan los niveles máximos de cotización y tendrán menor o nula afectación.
• El encarecimiento para las empresas de las aportaciones para planes de pensiones de empleo aumentará la dependencia de las personas de los sistemas públicos sin darles capacidad de elección y solución con sistemas alternativos y/o complementarios.
• Reducirá el ahorro finalista a largo plazo para la jubilación, debilitando la capacidad de financiación de las personas y sus necesidades.
• Provocará una desincentivación de la contratación de planes de pensiones y seguros de vida por la vía colectiva de empresa.
• Supone mayores cargas salariales para la empresa, que no sólo disuaden de la contratación de estos beneficios sociales para los trabajadores sino que, además, entorpecen la creación de nuevo empleo, al aumentar los costes que la empresa debe soportar.
• Como consecuencia de la nueva legislación, se encarecerán las cargas fiscales sobre las empresas, con repercusión, por tanto, también en los trabajadores, que pueden ver disminuidas las aportaciones a sus planes de empleo.
• El sector público tendrá una mayor presión y necesidad por parte de la sociedad, obligándole a satisfacer las necesidades básicas de un mayor número de personas tanto en salud como en dependencia, que no habrán podido compensar con sus propios medios.