Superar los 50 empleados se ha convertido en una barrera crítica para muchas pequeñas y medianas empresas en España. Lo que debería ser un indicio de expansión se convierte, en muchos casos, en un obstáculo que frena el crecimiento empresarial debido a un importante incremento de las obligaciones legales, administrativas y organizativas.
Este fenómeno, conocido como el “efecto empleado 50”, impone a las empresas un nuevo marco normativo más exigente que, según Alejandro Duque, abogado de Derecho Laboral en RSM Spain, “puede resultar especialmente gravoso para pymes que no cuentan con una estructura interna sólida ni con representación sindical”.
El “efecto empleado 50”
Entre las principales obligaciones que se activan al alcanzar este umbral se encuentran la elaboración de un Plan de Igualdad —que exige un diagnóstico previo, negociación con los representantes legales de los trabajadores o los sindicatos y su registro en el REGCON—, así como la auditoría retributiva, para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Además, las empresas deben reservar al menos el 2% de su plantilla a personas con discapacidad superior al 33%, implementar un canal interno de denuncias, y establecer un protocolo LGTBI frente al acoso y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.
Altos riesgos legales y económicos para las pymes
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros, cifra que puede superar el millón de euros en caso de no contar con un canal interno de denuncias. “El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único”, alerta Duque. “Las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden poner en peligro su viabilidad”.
En este contexto, muchas pymes optan por no ampliar plantilla para evitar cruzar el umbral, lo que contribuye al reducido tamaño medio de las empresas en España y limita su capacidad de crecimiento y competitividad. A ello se suma una mayor presión por parte de la Inspección de Trabajo, que intensifica su control a partir de los 50 empleados, así como el endurecimiento de ciertas condiciones recogidas en convenios colectivos.
Debate político y reformas en estudio
La situación ha llamado la atención del legislador. El Partido Popular ha propuesto recientemente elevar este umbral hasta los 250 trabajadores, lo que, según Duque, “transformaría profundamente el panorama de las pymes, permitiéndoles crecer sin asumir elevados costes asociados al umbral de los 50”. Sin embargo, el abogado advierte que su aprobación es poco probable a corto plazo, ya que “requiere reformas legales de alto rango y dependerá del contexto político”.
Ante esta incertidumbre, los expertos recomiendan actuar con previsión. “Una empresa que se acerque a los 50 empleados debería realizar una auditoría interna para identificar las nuevas obligaciones que se activarían y valorar si está preparada para afrontarlas tanto a nivel jurídico como organizativo”, aconseja Duque. “Contar con asesoramiento especializado es clave para evitar sanciones y proteger la reputación corporativa”.
Crecer con previsión, clave para la sostenibilidad
En definitiva, la “maldición del empleado 50” sigue marcando la realidad de muchas pymes españolas, obligadas a elegir entre seguir creciendo o mantener su estructura actual para evitar complejidades legales. Mientras se debate su posible reforma, los expertos insisten en que una estrategia preventiva y bien planificada es la mejor vía para garantizar un crecimiento sostenible y seguro.