El seguro ha atendido a 9,2 millones de víctimas de tráfico en los últimos 20 años

Las compañías han pagado 50.000 millones de euros en indemnizaciones

Más de 9 millones de personas han sido víctimas de un accidente de tráfico en los últimos 20 años. De estas, la mitad de las que sufrieron secuelas tenían entre 18 y 35 años. El impacto que supone en la vida personal, familiar y laboral de las víctimas de tráfico es importante, pero el sector asegurador pone su granito de arena para hacerlo más llevadero. De acuerdo con la última edición de la Memoria Social del seguro que acaba de presentar Unespa, la patronal del sector, las compañías han atendido a más de 9,2 millones de víctimas de tráfico en los últimos 20 años y han pagado un total de 49.600 millones de euros en concepto de indemnizaciones por esta causa.

Según se señala en el informe, el principal colectivo de víctimas está formado por las personas que sufrieron secuelas permanentes a raíz de un siniestro. Constituyen el 36,6% de los casos. Unespa matiza que la mayor parte de estas secuelas fueron de poca gravedad.

Le siguen, por peso, aquellas personas que se vieron implicadas en algún accidente pero que, aunque no padecieron secuelas, sí tuvieron que pasar un tiempo de baja hasta que se recuperaron. Este tipo de lesionados representa el 32,3% del conjunto. Entre tanto, quiénes sólo requirieron asistencia sanitaria y no vieron interrumpida su actividad cotidiana ascendieron al 29% del total de víctimas. El 2% restante lo constituyen las personas que perdieron a un familiar en un accidente de circulación.

Un repaso a las personas atendidas a raíz del fallecimiento de un ser querido da cuenta de que, de los cerca de 200.000 indemnizados, unos 110.000 lo fueron por ser hijos del difunto. De estos, 23.000 eran menores de edad en el momento del óbito de sus progenitores. Entre tanto, 64.415 fueron indemnizados por ser padres de la persona malograda en el accidente. El cuadro de afectados lo completan los cónyuges (29.333), los hermanos (20.613) y los abuelos (991).

Los datos reunidos por Unespa en la Memoria social del seguro 2014 dejan constancia de la mella que han hecho los accidentes de tráfico entre los jóvenes en las últimas dos décadas. Llama la atención que la mitad de las personas que quedaron con secuelas tras un siniestro de circulación tenían entre 18 y 35 años en el momento del suceso. O dicho en otros términos, 1,7 millones de los 3,4 millones de lesionados con secuelas eran jóvenes. El peso de esta cohorte de edad en el análisis de gente que ha sufrido secuelas graves o muy graves es, igualmente, mayor del que corresponde si se compara su relevancia dentro de la población general.

Heridos graves: ¿conductores o peatones?

Un repaso a los lesionados graves en accidentes de tráfico muestra que el 46% de los afectados viajaba en turismos. Otro 30% eran peatones y un 20% empleaba otro tipo de vehículos (furgonetas, camiones, autobuses…). Por último, un 4% de los grandes lesionados se desplazaba en un vehículo de dos ruedas (moto, scooter o ciclomotor).

La impronta de los accidentes más graves también varía de una zona a otra. Las regiones que sufren una mayor cantidad de lesionados con secuelas cada año son Andalucía y Cataluña. Estas comunidades autónomas destacan porque en los periodos vacacionales reciben fuertes aportaciones de población. Además, son territorios extensos y esto provoca que ahí sean frecuentes los desplazamientos interurbanos. Castilla y León es una región que, si bien no está en los puestos de cabeza de siniestralidad en cifras absolutas, sí presencia una cantidad relativa de accidentes con lesionados graves superior de la que le corresponde en base a su censo. Al igual que en los casos de Andalucía y Cataluña, esto es el resultado de un mayor número de desplazamientos interurbanos fruto de la dispersión de la población entre varios núcleos urbanos de tamaño medio.

En el extremo opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid y País Vasco. Estas regiones son las que presentan índices relativamente más bajos de siniestralidad grave. Ambas se benefician del hecho de que son zonas menos extensas y que, en su caso, los núcleos urbanos aglutinan a una proporción elevada de la población local. Esto hace que, tanto en Madrid como en el País Vasco, sean más habituales los desplazamientos urbanos. Por norma general, los siniestros ocurridos dentro de las ciudades tienen consecuencias menos fatales que los incidentes acaecidos en la carretera.

Impacto económico del baremo

El primer Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (así se llama oficialmente el baremo de autos) echó a andar en 1995. Desde entonces, este ha sido el instrumento empleado para evaluar las consecuencias para las personas de un siniestro de automoción. Esta herramienta ha estructurado el desembolso por parte de la industria aseguradora de unos 6 millones de euros al día, durante un periodo de dos décadas, destinados a para aliviar los perjuicios que sufren las personas que se ven envueltas en un accidente. En total, las entidades han hecho entrega de 49.600 millones de euros en los últimos 20 años.

Este importe se divide en dos grandes bloques. Por un lado, 41.000 millones de euros corresponden a indemnizaciones para las víctimas. Los 8.600 millones restantes son los pagos realizados a los servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas y privados. Un hecho que habitualmente se desconoce es que las atenciones médicas sanitarias derivadas de los accidentes de tráfico son siempre satisfechas por las entidades aseguradoras, aunque sean prestadas por un centro sanitario de titularidad pública.

Desde la entrada en vigor del baremo se estima que unas 6.500 personas han padecido secuelas extremas. El seguro ha realizado una transferencia de recursos de 1.450 millones de euros a este colectivo entre 1995 y 2014.

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