El sistema público de pensiones necesitó en 2025 un total de 56.946 millones de euros procedentes del Estado para cubrir el déficit de su componente contributivo, equivalente al 3,4% del PIB, según el informe Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, y presentado por el Instituto Santalucía.
El estudio ofrece una visión conjunta de las cuentas de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas y concluye que el gasto público en pensiones alcanzó en 2025 los 218.321 millones de euros, el 12,9% del PIB. Desde el año 2000, el peso de esta partida sobre la economía española ha aumentado 3,9 puntos porcentuales.
El déficit contributivo se ha disparado desde 2018
El informe señala que el déficit contributivo agregado ha crecido significativamente en los últimos años. Mientras que en 2018 ascendía a 33.134 millones de euros, en 2025 alcanzó los 56.946 millones.
Este incremento se ha producido a pesar de que la economía española ha sumado 2,8 millones de afiliaciones adicionales entre 2018 y 2025, un aumento del 15,2%. Según el estudio, el componente contributivo del sistema ha necesitado prácticamente duplicar los recursos procedentes de impuestos y deuda para atender sus compromisos.
Para equilibrar el sistema serían necesarias casi siete millones de cotizaciones adicionales o, alternativamente, incrementar un 32,1% la cotización media por afiliado mediante mayores niveles de productividad, un aumento de los tipos de cotización o una combinación de ambas variables.
Una diferencia mucho mayor que el déficit oficial de la Seguridad Social
El informe destaca que el déficit contable oficial de la Seguridad Social fue de 7.352 millones de euros en 2025, equivalente al 0,4% del PIB. Sin embargo, al incorporar el Régimen de Clases Pasivas y analizar exclusivamente el componente contributivo, el desfase real se eleva hasta los 56.946 millones.
Además, si se excluyen los ingresos procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, destinados al Fondo de Reserva para afrontar los pagos a partir de 2032, el déficit contributivo aumentaría hasta los 61.881 millones de euros, el 3,7% del PIB.
Durante el periodo 2018-2025, las transferencias estatales destinadas a financiar este déficit pasaron de 20.123 millones a 48.259 millones de euros, mientras que los préstamos del Estado alcanzaron los 10.003 millones en 2025.
Más de medio billón de euros desde 2010
El estudio pone de relieve que las transferencias y préstamos destinados a sostener el componente contributivo del sistema público de pensiones han superado los 500.000 millones de euros desde 2010.
En concreto, el importe acumulado asciende a 501.091 millones de euros, una cifra equivalente al 50,6% del incremento de la deuda pública española en ese periodo. El 71% de ese volumen corresponde al periodo 2018-2025, con un total de 355.872 millones de euros.
El envejecimiento aumentará la presión sobre el sistema
El informe advierte de que la jubilación progresiva de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida incrementarán la presión financiera sobre el sistema en las próximas décadas.
Según las estimaciones recogidas en el documento, mantener la tasa de sustitución actual y la revalorización de las pensiones conforme al IPC elevaría el gasto anual medio en pensiones hasta el 15,8% del PIB entre 2022 y 2050.
José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, destacó que “garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere información completa, rigor en el análisis y una visión de largo plazo”. El directivo subrayó que “el reto no es solo financiar las pensiones de hoy, sino hacerlo de forma compatible con un esfuerzo equilibrado entre generaciones y con la estabilidad futura de las cuentas públicas”.
El informe concluye que disponer de una visión global y transparente del sistema resulta fundamental para evaluar su sostenibilidad financiera y sus implicaciones para las cuentas públicas y la equidad intergeneracional.