
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento sancionador contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Banco Sabadell por una posible práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia y a la normativa europea en materia de libre competencia.
Según ha informado el organismo supervisor, la investigación se centra en determinadas declaraciones públicas realizadas por directivos de estas entidades financieras acerca de su política comercial futura, especialmente en relación con los tipos de interés aplicados a las hipotecas a tipo fijo.
La CNMC considera que estas manifestaciones podrían haber permitido a las entidades competidoras anticipar el comportamiento comercial de otros operadores del mercado, una circunstancia que podría afectar al correcto funcionamiento de la competencia en el sector bancario.
El expediente se tramita bajo la referencia S/0009/26 y analiza una posible vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben acuerdos o prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia.
Investigación en fase inicial
La CNMC ha precisado que la incoación del expediente no implica que las entidades investigadas hayan cometido una infracción, sino que existen indicios suficientes para abrir una investigación formal.
A partir de este momento se inicia la fase de instrucción, durante la cual el organismo recabará información y analizará la documentación necesaria para determinar si se produjo una conducta anticompetitiva.
El procedimiento dispone de un plazo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución, periodo en el que las entidades afectadas podrán presentar alegaciones y ejercer su derecho de defensa.
Posible impacto en el mercado hipotecario
La investigación se produce en un contexto en el que las hipotecas a tipo fijo continúan siendo uno de los productos más relevantes del mercado financiero español. Las declaraciones públicas sobre estrategias comerciales futuras pueden ser objeto de especial vigilancia por parte de las autoridades de competencia cuando existe el riesgo de que sirvan como mecanismo de señalización entre competidores.
La CNMC deberá determinar ahora si las manifestaciones analizadas constituyen una mera comunicación corporativa o si, por el contrario, pudieron facilitar un alineamiento de comportamientos comerciales entre entidades financieras.
Hasta que concluya el procedimiento, no existe una valoración definitiva sobre la existencia de infracción ni sobre las posibles sanciones que pudieran derivarse del expediente.