Las multas de la DGT pasaron de 16 millones entre 2000 y 2006 a más de 29 millones entre 2007 y 2013, por el endurecimiento en el sistema sancionador del carné por puntos, según un estudio de Fundación Línea Directa

¿Existe en España una “caza al conductor” por parte de la Administración con fines recaudatorios? Los españoles lo tienen muy claro: el 92% de los conductores creen que las sanciones de tráfico tienen un claro carácter recaudatorio. Pero, ¿es ésta una opinión fundada o es, por el contrario, una acusación completamente gratuita?

Fundación Línea Directa ha presentado en Madrid el estudio Multas de tráfico, ¿recaudación o reeducación?, para el que ha analizado más de 770.000 multas registradas y aportadas por la aseguradora Línea Directa durante los últimos cinco años (2009-2014).

Un 80% más en los años de la crisis

Tras analizar los datos de la DGT, una de las primeras conclusiones del estudio es que, pese al descenso de la movilidad y el estancamiento del parque de vehículos, las multas de tráfico impuestas por este organismo crecieron un 80% durante los años de la crisis, pasando de 16 millones entre los años 2000 y 2006 a superar los 29 millones entre 2007 y 2013.

Pero, más allá de los tópicos y los prejuicios, las causas de este fenómeno tan complejo no hay que achacarlas únicamente a una mera intención recaudatoria, sino al endurecimiento del sistema sancionador que supuso la entrada en vigor del carné por puntos y que, junto con otras medidas, ha posibilitado una reducción del 65% en el número de fallecidos. Además, tras el repunte inicial que supuso este cambio, en los últimos 2 años se confirma una tendencia a la baja en el número y en la cuantía de las sanciones debido a la menor movilidad, la mayor concienciación y algunas medidas como el pronto pago o las campañas de vigilancia contra el alcohol y las drogas.

Otra conclusión a destacar es que, pese a que el 60% de los españoles considera que la DGT es la Administración que más recauda y más sanciona, los datos analizados por la Fundación Línea Directa desmienten esta creencia. De hecho, las cifras arrojan una conclusión sorprendente: los Ayuntamientos españoles multan 6 veces más que la Administración central hasta alcanzar el 75% del total de las sanciones de tráfico, un porcentaje equivalente a 26 millones de multas al año.

Las multas por exceso de velocidad, las más habituales

Por tipología, el exceso de velocidad (50%) es la conducta más sancionada, seguida de las multas por aparcamiento (38%) y a más distancia, el incumplimiento del deber de identificar al conductor en caso de pérdida de puntos, que, pese a no entrañar peligro alguno en la carretera, son las más costosas en términos económicos, ya que pueden llegar a multiplicar por tres la multa inicial.

El perfil del sancionado es el de un hombre de 35 a 44 años, con experiencia como conductor y reincidente. De hecho, casi 1,2 millones de conductores han sido sancionados más de 5 veces. El importe medio de las sanciones asciende a 208 euros.

Para Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, “pese a que, en algunos casos, es entendible el enfado de algunos conductores, no debemos juzgar las sanciones en términos tan negativos. El aumento de la frecuencia de las multas se enmarca dentro de un sistema de regulación que, junto con otras muchas medidas, ha propiciado una reducción del 65% en el número de fallecidos de la última década. Además, en contra de lo que la gente puede pensar, la Dirección General de Tráfico está muy lejos de ser la administración que más sanciona, ya que sólo pone el 15% del total de las multas”.

Dónde se multa más

La Fundación Línea Directa también ha querido conocer cuáles son las Administraciones que más sancionan a los conductores. Para ello, se han analizado todas las multas registradas y aportadas por la aseguradora Línea Directa durante los últimos cinco años (2009-2014).

De acuerdo con los resultados del análisis, aproximadamente el 3% de los vehículos que circulan por nuestras carreteras son sancionados cada año. Por organismos, las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Teruel (32,3%) y Cuenca (20,9%) y el Servei Territorial de Trànsit de Girona (13,7%), son, proporcionalmente, los organismos que más multan. En el lado contrario se sitúan las Jefaturas de Almería (1,18%), Zamora (1%) y Álava (0,26%), con una frecuencia muy inferior a la media nacional.

Por su parte, Barcelona, Madrid y San Sebastián copan los primeros puestos del Top 10 de los Ayuntamientos donde más se sanciona a los conductores. En la Ciudad Condal, ocho de cada 10 vehículos que circularon por sus calles el año pasado han sido multados, un porcentaje muy parecido al de Madrid (74%). La capital de España tiene, además, el dudoso honor de contar con 8 de las 10 matrículas con más infracciones de todo el país, entre las que destaca un Volkswagen Golf con 266 multas que acumula un saldo pendiente de casi 30.000 euros.

¿Qué opinan los conductores españoles de las multas?

Los españoles son muy claros: las multas tienen una intención eminentemente recaudatoria. Eso, al menos, es lo que piensa el 92% de los conductores, una cifra que equivale a casi 24 millones de personas. Además, sólo el 11% cree que los radares se colocan únicamente por razones de seguridad y el 85% considera que los parquímetros tienen un afán claramente recaudatorio.

En opinión de los conductores, uno de los principales problemas relacionados con las sanciones de tráfico es la indefensión a la hora de recurrir. En este sentido, sólo el 8% de los conductores sancionados cree que hay garantías para reclamar y el 70% se acoge a la reducción por pronto pago porque creen que es muy complicado ganar.

Pero los conductores no se limitan a quejarse, ya que también proponen soluciones distintas, muchas de ellas en clave social. De hecho, la mayoría de los conductores españoles (52%) está a favor de imponer multas de tráfico en función de la renta y casi 8,2 millones son partidarios de la “Tasa 0” de alcoholemia. Además, el 20% (5,2 millones de conductores) considera que las multas contribuyen a reducir la siniestralidad y el 98% es partidario de que la Administración destine el dinero recaudado a mejorar la seguridad vial.