Los préstamos con riesgo de impago aumentan un 58% tras el estado de alarma

El gasto en seguros de los españoles creció un 16% en 2023, de acuerdo con los datos publicados en el último informe de Mapfre Economics.

España cerró el primer trimestre de 2021 con una tasa de paro del 16%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta situación de desempleo de los españoles a causa de la pandemia ha tenido una consecuencia directa: el notable aumento de la solicitud de créditos y préstamos personales. Sin embargo, una encuesta realizada por el Banco de España a las entidades bancarias esclarece que, debido a la crisis económica causada por la Covid-19, estas redujeron su oferta crediticia notablemente. Ante la falta de financiación por las entidades tradicionales, los créditos y préstamos rápidos de empresas online se han disparado.

Los préstamos rápidos son emitidos por empresas de crédito no tradicionales. Su característica principal es que son concedidos rápidamente, con un plazo de amortización corto, intereses muy elevados y, en muchas ocasiones, sin comprobar si el cliente está en un fichero de morosos. Esto solo causa una espiral de endeudamiento del que el cliente nunca puede salir”, explica Mario Mazaira, CEO de iMorosity.

Más créditos para pagar deudas

Un estudio llevado a cabo por iMorosity esclarece que un 67% de sus antiguos clientes han acudido a entidades financieras de crédito para poder hacer frente a nuevas deudas a consecuencia de la crisis económica provocada por la Covid-19. De estos, el 29% perdió su empleo y el 23% se encontraba en situación de ERTE. Además, el 58% de ellos están en peligro de volver a ser incluidos en un fichero de morosos por contraer deudas con este tipo de financieras durante el estado de alarma.

No podemos dar la espalda a una probable evolución aún más negativa de la pandemia que conducirá a un impacto económico negativo más duradero, dando pie a la destrucción de la estructura productiva y el aumento del desempleo; lo que seguirá conduciendo a una disminución de los ingresos, la capacidad de pago de las familias y empresas y, consecuentemente, al aumento de la morosidad”, señala Mario Mazaira.

Aunque todavía es pronto para conocer los resultados, se prevé una gran caída del PIB en el segundo trimestre de 2021. En el primero ya ha descendido un 0,5% y lo más probable es que la caída siga aumentando a lo largo del año. Mazaira explica que “esto afectaría directamente al ratio de morosidad, ya que existe una correlación entre ambos indicadores: por cada punto de descenso en el PIB el ratio de mora agregada aumenta 0,7 puntos”.

Morosidad y economía

Por el momento, las zonas más afectadas por la crisis sanitaria son las que tienen el turismo como principal sector de sustento, como apunta Mazaira. Esto se ve reflejado en la caída del PIB que han sufrido las provincias del país, siendo las más afectadas. Baleares (-27%), Las Palmas (-21%) y Santa Cruz de Tenerife (-19%), Málaga (-17%), Girona (-14,2%) y Alicante (-13,6%). Todo apunta a que estas mismas provincias serán las que sufrirán en mayor medida el aumento de la morosidad y donde se registrarán más impagos en los próximos meses.

Según el Informe de Estabilidad Financiera presentado por el Banco de España, el 7,5% de los créditos concedidos tanto a empresas como a familias ya se encuentran bajo vigilancia especial; lo que se traduce en 82.000 millones de euros. De estos, 32.000 millones corresponden a particulares y 50.000 millones corresponden a empresas.

Fin del estado de alarma, fin de las ayudas

El problema tras finalizar el estado de alarma viene asociado por el fin de ciertas medidas que hasta ahora estaban en vigor y que estaban siendo de gran ayuda para la supervivencia de muchas familias y empresas españolas: las moratorias. Estas ayudas otorgadas por las entidades financieras consistían en poder aplazar el pago de las cuotas de una hipoteca o préstamo durante un determinado periodo de tiempo.

Desde el principio de la pandemia en España, el Gobierno ejecutó ciertas medidas mediante decretos reales para que aquellas personas que contaban con una hipoteca, préstamo o crédito en vigor y cumplieran ciertos requisitos (estar en situación de ERTE) pudieran exigir moratorias o carencias de sus préstamos en las cuotas de sus productos bancarios. Según la banca española, solo hasta el 31 de diciembre, se concedieron más de 1,38 millones de moratorias.

Tanto el fin de las moratorias como de los ERTE está originando mucha fricción en los hogares españoles. Son muchos los clientes que nos han mostrado gran preocupación por su situación financiera”, advierte Mario Mazaira.

Hasta el pasado 30 de marzo los españoles que solicitaron las moratorias estaban exentos de pagar las cuotas de sus préstamos para poder hacer frente a otros gastos más relevantes, pero desgraciadamente este periodo de ayudas llegó a su fin hace un mes y ahora tienen que volver a hacer frente a sus deudas bancarias sin ayudas mensuales.

Las listas de morosos ganan con la crisis de la Covid-19

El endeudamiento de las familias provoca que estas no puedan hacer frente a sus deudas, lo que hace que continúen solicitando préstamos para saldarlas. “Las entidades bancarias tradicionales, al comprobar la situación de solvencia inestable de estas, no quieren arriesgarse a concederle financiación; por lo que las familias acuden a préstamos y créditos rápidos. Es la pescadilla que se muerde la cola”, explica Mario Mazaira.

Según el estudio realizado por iMorosity el 23% de los clientes encuestados que han acudido a entidades financieras no-tradicionales. Para hacer frente a deudas contraídas durante la pandemia ya han sido incluidos en un fichero de morosos. Los principales motivos han sido las deudas con compañías telefónicas (9,7%), deudas con entidades bancarias tradicionales (3,2%) y deudas con compañías energéticas (6,3%).

Lo cierto es que las energéticas no se lo están poniendo nada fácil a las familias españolas. “Desde iMorosity prevemos un aumento de la morosidad tras las subidas de hasta el 27% en las nuevas tarifas eléctricas de junio”, afirma Mario Mazaira.

El 64% de las empresas no pagan las facturas dentro del plazo

La continuación de la pandemia ha seguido incidiendo negativamente en los ingresos de las empresas, especialmente en las actividades más afectadas por la crisis; como son el turismo y la hostelería. El contexto de aumento de la deuda empresarial tanto durante 2020 como en el primer trimestre de 2021, han visto que algunas hayan puesto en riesgo sus posibilidades de financiación.

La encuesta realizada por iMorosity a empresas y particulares acerca de las causas de morosidad esclarece que el 64% de las empresas encuestadas no paga sus facturas dentro del plazo legal. Los datos de 2020 reflejan que el tiempo promedio de pago de la empresa a los proveedores es de 77 días, el peor dato desde 2017, teniendo en cuenta que el periodo máximo exigido por la ley es de 60 días.

Autónomos, préstamos y facturas

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), informa que muchos autónomos y pymes han dejado de pagar sus facturas. Para poder acogerse a ayudas gubernamentales. Debido a que las condiciones de las ayudas tratan por igual a aquellos que no han podido y a aquellos que no han querido pagar sus compromisos; muchos de los empresarios que habían mantenido a raya el pago de sus facturas, tras la aprobación del Real Decreto-Ley del 21 de abril que regula las ayudas en el BOE, han dejado de pagarlas. Para poder acceder a ellas. Según un estudio realizado por Credit Back, el 23,1% de la morosidad empresarial es cobrable. Por lo que las empresas deberán tomar medidas antes de acudir a préstamos u otros tipos de financiación.

Y es que tanto dejar de pagar las facturas como solicitar ciertas medidas de financiación es un verdadero peligro. Que aumenta considerablemente año tras año la morosidad empresarial. “Los empresarios no pueden confiarse en que les van a conceder las ayudas solicitadas. Hemos visto muchos casos en los que, tras dejar de pagar sus compromisos, las ayudas se rechazan. Por lo que han tenido que acudir a una financiera de crédito para hacer frente a los mismos; con el riesgo que esto supone a la hora de ser incluidas en un fichero de morosos”, advierte Mazaira.

Solo estamos viendo la punta del iceberg

El Banco de España advierte que la baja solvencia incrementa considerablemente la morosidad crediticia, lo que se refleja en el deterioro de la situación financiera del sector bancario. Los bancos ya están preparados para sufrir un gran golpe de impagos durante los próximos meses, según los expertos las entidades podrían llegar a asumir una tasa de morosidad del 7%, pero a partir de esta cifra la situación será crítica.

Sin embargo, el mayor miedo de las entidades es la incertidumbre de no saber qué ocurrirá cuando terminen los periodos de carencias de los préstamos ICO (con aval del Instituto de Crédito Oficial), que llegarán antes de la primavera de 2022.

El desempleo y los impagos no paran de aumentar a causa de los ERES y empresas al borde de la bancarrota. Lo peor llegará cuando ni empresas ni autónomos puedan hacer frente a los ICO. Aun con el año de carencia adicional y el periodo de tres años para la devolución de estos”, advierte Mazaira.

Lo que es seguro es que llegará una ola de morosidad muy elevada, provocando incluso un récord histórico. Mazaira lo tiene claro: “Todo indica que esta crisis va a ser muchísimo peor que la anterior y que va a afectar en mayor medida a los países más pobres, empobreciéndolos aún más. Ahora mismo solo estamos viendo la punta del iceberg”.

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