Los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial muestran cómo el número de procesos monitorios en nuestro país está volviendo a cifras previas a la última gran crisis económica.

En palabras de Paz Martínez Calvo, supervisora de Asistencia Jurídica de International SOS, “esto nos muestra que este tipo de procedimiento es muy utilizado para reclamaciones entre pequeños y medianos  empresarios.”

El proceso monitorio fue una de las principales novedades de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y con él se pretendía conseguir más eficacia y rapidez en el cobro de deudas, reduciendo así los costes. Está regulado en los artículos 812 y siguientes de esta norma. Se trata de un procedimiento judicial  muy simple para reclamar una deuda, que puede ser de gran utilidad para profesionales, empresas, Comunidades de Vecinos e incluso particulares, siempre que se cumplan una serie de requisitos:

• La deuda debe ser líquida, esto es, determinada en una cantidad concreta de dinero.
• Debe haber vencido el plazo de pago.
• Ha de ser exigible, sin que esté sujeta a condición ni contraprestación.
• La deuda debe acreditarse documentalmente, es decir, aportando documentos que estén firmados o sellados por el deudor, facturas, albaranes, documentos comerciales, certificaciones de impago de Comunidades de Propietarios etc.
• El deudor debe estar bien identificado, facilitando al juzgado su domicilio actual.
• Como regla general, el Juzgado competente es el del domicilio del deudor.

Una de las ventajas de este tipo de procedimientos es que no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador. Puede presentarse mediante modelo normalizado disponible en la web del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, Paz Martínez nos recuerda que “casi la mitad de las peticiones de  monitorios son inadmitidas por algún defecto procesal, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado experto.”

International SOS es una de las principales compañías aseguradoras de Defensa Jurídica en nuestro país. Comercializa productos de Defensa Jurídica orientados tanto a particulares como a Pymes. Además, ofrece servicios legales de obtención de certificados administrativos por fallecimiento, disponiendo de una Red de despachos asociados en toda España y despachos de abogados propios en Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.