Peligro e inseguridad. Es la sensación que tienen 8 de cada 10 conductores y peatones (82%) con respecto a la circulación de segways, patinetes eléctricos y hoverboards. 1 de cada 10 reconoce haber sufrido algún percance en el último año, motivo por el que 9 de cada 10 (92%) consideran necesario que se regule su utilización lo antes posible.

Actualmente circulan en España más de 20.000 vehículos de este tipo. De ellos, aproximadamente 5.000 se encuentran en Madrid, según cifras de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP). La mayoría de los usuarios (8 de cada 10) recomienda utilizarlos por el ahorro de tiempo y dinero que les genera, aunque también señalan algunas desventajas como la incertidumbre legal existente (7 de cada 10 cree necesaria su regulación). También subrayan la inseguridad que les produce. En este sentido, el 17% de los usuarios de vehículos de movilidad personal admite haber sufrido un incidente, que en más de la mitad de los casos (68%) no produjo heridos.

Así lo confirma el informe Nuevos sistemas de movilidad personal en ciudad y sus problemas asociados a la seguridad vial, elaborado por Fundación Mapfre, en colaboración con la Asociación Española de la Carretera, que por primera vez analiza la opinión y percepción sobre la existencia de este tipo de vehículos entre más de 500 conductores, peatones y usuarios de VMP, así como el marco legal existente, las últimas cifras de siniestralidad (300 incidentes, cinco víctimas mortales -Badajoz, Barcelona, Asturias, Gerona y Córdoba- y numerosos heridos en 2018) y los problemas más habituales de convivencia que están surgiendo en muchas ciudades.

El informe pone de manifiesto que actualmente los vehículos de movilidad personal “no están exentos de riesgo”, que es necesario regular su uso y que existe un “desconocimiento general” sobre las normas de circulación y pautas de protección, autoprotección y seguridad. El 65% de conductores de vehículos a motor y peatones y el 49% de usuarios de VMP no conocen si existe o no normativa sobre el uso adecuado de estos vehículos. Llama la atención, además, que el 40% de las personas que utiliza este medio de transporte, eléctrico y de pequeño tamaño, considera que puede circular por cualquier lugar.

Aceras y carreteras

El estudio aporta una serie de recomendaciones con el objetivo de conseguir que las ciudades sean espacios seguros, ya que según señala, “sin seguridad y convivencia no puede haber movilidad”. En esta línea, hace hincapié en la necesidad de este tipo de vehículos, que cada vez son más frecuentes, no pueda utilizarse en carreteras y no se aparquen en las aceras de modo indiscriminado. “Es necesario volver a peatonalizar las aceras”, defiende Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, quien asegura que “por estas sólo deben circular peatones, incluidos los usuarios de sillas de ruedas, y siempre a velocidad de personas”.

Casco

La utilización del casco es un elemento altamente recomendable siempre que la movilidad se realice con ayuda de medios mecánicos, así como de elementos de protección y de alta visibilidad, que también pueden ayudar a proteger a los usuarios de VMP, quienes en la mayoría de las ocasiones (65%) no utilizan ningún sistema de protección, incluido el casco, utilizado únicamente por 3 de cada 10 usuarios.

Zonas 30 y carriles bici

El informe plantea que los vehículos de movilidad urbana personal, como ya recogen diversas normativas municipales, sólo se desplacen por calles o zonas con tráfico calmado (calles con límites 30 km/h), o por carriles bici separados del resto de vehículos a motor o por zonas especialmente habilitadas para ellos.

Normativa y siniestralidad

Simplificar la normativa en todas las ciudades para que sea lo más homogénea posible, evite contradicciones y fomente el uso seguro de los nuevos sistemas de movilidad por parte de residentes y no residentes. También realizar un seguimiento de la siniestralidad ligada al uso de los VMP, de manera que se pueda cuantificar el impacto de su uso en la seguridad de la circulación en los espacios públicos y, así, diseñar las políticas adecuadas para minimizar los riegos para todos los usuarios.