El pasado marzo el Gobierno español anunció el plan de distribución de los fondos europeos para la recuperación económica tras la COVID-19. Las ayudas constaban de 11.000 millones de euros, los cuales se distribuían en tres formas: 7.000 millones gestionados directamente por las autonomías para la recuperación de empresas y autónomos; 3.000 millones para la reestructuración de los créditos bancarios; y 1.000 millones para reforzar el balance de empresas medianas a través de Cofides, explica CIAC.

Por entonces, la Coordinadora Independiente de Asociaciones de Corredores (CIAC) ya cuestionó la intervención de la banca para refinanciar los créditos concedidos en estos meses con los 3.000 millones de euros. La denuncia de los corredores se basaba principalmente en que, desde el inicio de la pandemia, los bancos han aprovechado los créditos ICO, las refinanciaciones de créditos e hipotecas para imponer a sus clientes otros productos financieros como seguros.

CIAC afirma que las CCAA no saben cómo gestionar el dinero

Ahora, las últimas informaciones publicadas en los medios de comunicación aseguran que las comunidades autónomas han solicitado ayuda a las entidades bancarias para la distribución de los 7.000 millones, y estas declaraciones han sorprendido a todos. En concreto, se explica que, aunque las conversaciones han sido informales, “algunos gobiernos regionales han decidido pedir ayuda a las entidades bancarias” porque no tienen la infraestructura para analizar la viabilidad de las empresas y distribuir el dinero.

Más poder para los bancos

Esta noticia es un jarro de agua fría para todos. Porque, si finalmente las comunidades autónomas dan el poder de distribuir unos fondos públicos a las entidades bancarias, además de acabar gestionando 10.000 millones de los 11.000, pueden no cumplir con los criterios marcados por la Unión Europea.

Ante esta alarmante situación, el presidente de CIAC, Juan María Pozas Mirón, es tajante. “La Unión Europea ha marcado unos criterios de entrega para la distribución de estos fondos que se basan en los parámetros de digitalización y sostenibilidad de las empresas. Somos conscientes de que las CCAA no tienen los medios para conocer el estado de las empresas, por ello es imprescindible que establezcan mecanismos de vigilancia en el reparto de los fondos para que las entidades bancarias no impongan sus propios criterios. Asimismo, estos mecanismos deben servir para supervisar y proteger los intereses de las empresas y autónomos y evitar que la banca continúe realizando sus malas prácticas, ya habituales, de competencia a otras entidades aseguradoras”.

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