Pelayo aprobó en su Asamblea General Extraordinaria adaptarse, a pesar de no ser obligatorio para las mutuas, a la última Ley de Sociedades de Capital y al nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los órganos que  tienen atribuidas las competencias en materia de gobierno corporativo de la entidad. Una de las modificaciones aprobadas fue la posibilidad de nombrar un consejero coordinador no ejecutivo en el consejo de administración, que Pelayo ha decidido que sea Anna M. Birulés.

Esta figura estará facultada para solicitar la convocatoria del consejo de administración o la inclusión de nuevos puntos del orden del día de un consejo ya convocado, coordinar y reunir a los Consejeros no ejecutivos y establecer, en su caso, la evaluación periódica del presidente del consejo de administración.

Asimismo, Pelayo ha modificado las composiciones de alguna de las comisiones delegadas del consejo de administración (la comisión de Auditoría y la comisión de Retribuciones y Nombramientos), dado que según figura en el nuevo Reglamento del Consejo, los miembros de estas comisiones no pueden ser consejeros ejecutivos.