La nueva Ley de Vivienda busca garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. Sin embargo, puede tener efectos contraproducentes.
El Congreso ha aprobado una norma que limita el precio del alquiler, protege contra los desahucios y redefine el concepto de gran tenedor.
Los problemas de los alquileres en España
El alquiler se ha convertido en la opción preferida por muchos españoles para acceder a una vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 24% de los hogares vive en régimen de arrendamiento, con un aumento de casi medio millón de viviendas en los últimos cinco años.
Ante esta realidad, el Congreso aprobó el 27 de abril una nueva Ley de Vivienda que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, una demanda que llevaba años en el debate político.
La nueva ley aborda problemas como la escasez de oferta y el encarecimiento de la demanda de alquiler. Un informe del Banco de España señala que los precios ofertados de alquiler se han incrementado más de un 50%. Según el INE, al menos 481.000 hogares destinan más del 40% de sus ingresos netos a pagar el alquiler.
Contener los precios
Para contener o reducir el precio del alquiler, la ley establece la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de tres años. Se podrán aplicar medidas como la limitación del alquiler a la renta del contrato anterior o la aplicación de índices de precios de referencia. Además, se crea un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los arrendamientos en sustitución del IPC.
Protección frente a los desahucios
La ley también refuerza la protección frente a los desahucios, especialmente para los inquilinos vulnerables que viven en viviendas propiedad de grandes tenedores (personas físicas o jurídicas que posean más de diez inmuebles urbanos o una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados). La norma exige que la demanda presentada por un gran tenedor se acompañe siempre con la acreditación de haber realizado un proceso de conciliación con el inquilino y las administraciones públicas. Asimismo, se obliga a que todas las resoluciones judiciales indiquen la fecha y hora del lanzamiento del desahucio.
Impulso del parque público de vivienda
- Calificación indefinida de la vivienda protegida
- Incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida
- Elaboración y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda.
¿Resolverá la nueva Ley de Vivienda los problemas actuales?
Algunos expertos inmobiliarios consideran que la ley no resolverá el problema estructural del mercado del alquiler y que podría tener efectos contraproducentes. La competencia en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrán decidir si aplican o no algunas medidas previstas en la ley. Son los legisladores autonómicos los encargados de elaborar los programas normativos y el Estado de garantizar el derecho aacceder a una vivienda digna y adecuada”, explica Montserrat Martín, abogada de ARAG.
Además, la nueva ley ha generado preocupación entre algunos propietarios, que temen que las medidas restrictivas desincentiven la oferta y aumenten el riesgo de impagos.
También te puede interesar:
- PassportCard amplía la cobertura de sus planes Compact y Comfort para expatriados en España
- Allianz Partners analiza las tendencias de los viajes en un año de retos y oportunidades