Un año después del Estado de Alarma, la sanidad privada sigue mostrando su total disposición a colaborar en la pandemia con la sanidad pública. Esta actitud de mano tendida se produce por el sector a pesar de que aún sigue a expensas de acuerdos hasta en seis territorios regionales por las “justas e imprescindibles compensaciones por la puesta a disposición y el uso específico de recursos sanitarios tomados por el sistema de Salud Pública en toda España”, explica Aspe.
Durante el marco del Estado de Alarma, la sanidad privada recuerda que se mantuvo volcada con sus recursos humanos y técnicos en plena colaboración con las administraciones sanitarias. Y bajo las instrucciones del mando único establecido en cada Comunidad Autónoma. Ante esta situación generalizada, cinco comunidades autónomas han alcanzado acuerdos de compensación con la sanidad privada y, sin embargo, en otras seis regiones “se ignora el sacrificio demostrado”.
La denuncia de la sanidad privada
Para Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), “el sector en general se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas que en miles de casos no han podido sostener su servicio, sino también para grandes hospitales, sin medidas de ayuda adoptadas para todo el territorio por el Gobierno central y con administraciones regionales que siguen dando la espalda”. Y señala que “no es admisible que en el Estado de las Autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa, entre quienes reconocen el derecho de la sanidad privada a ser compensada por su uso y disposición en la atención de la COVID y quienes se niegan a poner en valor su esfuerzo sin límites”.
Sanidad privada volcada con la pandemia
El Gobierno ordenó a la sanidad privada vía Orden de Sanidad el 31 de marzo la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose su actividad por encima del 80%, y la puesta a disposición de los recursos del sector en toda España a las Consejerías de Sanidad. El sector empresarial mantuvo íntegramente todas sus estructuras en funcionamiento y disponibles, sin la posibilidad de tomar medidas de reorganización laboral, incluyendo los profesionales no sanitarios o los sanitarios no implicados en la atención del coronavirus y de actividad urgente, con la consecuente imposibilidad de adaptar los costes del centro.
Esta situación derivó en la inviabilidad e insostenibilidad económica de hasta 3.000 centros sanitarios de pequeño tamaño, muy especialmente clínicas sin internamiento.
Fondo autonómico sanitario
En junio, el sector reclamó al Gobierno de España ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros, además de otras medidas de ayuda de liquidez y fiscales. Los argumentos eran claros: cubrir los costes sanitarios por los servicios asistenciales COVID y no COVID de pacientes derivados a la sanidad privada, y la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI puestos a disposición de forma forzosa a las autoridades sanitarias autonómicas, sin poderse ejercer su uso por cada empresa.
El ministro Salvador Illa terminó derivando a la sanidad privada a la negociación con cada Comunidad Autónoma. ASPE y sus asociaciones territoriales iniciaron entonces un proceloso periodo de conversaciones con las Consejerías de cada región. Un año después, solo las regiones de Madrid, Canarias, Navarra, Cataluña e Islas Baleares han considerado que se produjo una expropiación forzoa y han establecido compensaciones por las derivaciones de afectados por la COVID-19 o por la puesta a disposición de los recursos sanitarios.
Aspe exige que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial
En paralelo, ASPE solicitó un dictamen jurídico cuya conclusión fue nítida: el Estado debe asumir su responsabilidad patrimonial por los recursos tomados o por la puesta a disposición de la sanidad privada. El dictamen argumentaba que la declaración “maximalista” de todas las empresas sanitarias como esenciales en la Orden de Sanidad del 31 de marzo fue desproporcionada al obligarlas a mantener una actividad inexistente en muchos casos debido al confinamiento y a los requerimientos legales de desprogramación de prestaciones sanitarias no urgentes.
La conclusión es que el Estado incurrió en un empleo ineficiente e inequitativo de los recursos sanitarios privados puestos a disposición del SNS debido a su infrautilización, mientras se producía la sobresaturación de centros públicos o se invertía en infraestructuras provisionales de necesidad discutible.
Comunidades Autónomas que no establecen compensaciones
Tras las conversaciones y negociaciones desarrolladas desde hace muchos meses en algunos territorios, las empresas sanitarias han iniciado reclamaciones por vía administrativa ante las consejerías de sanidad. En muchos casos las reclamaciones se ejercen a título particular por cada empresa perjudicada y en otros de forma colectiva.
La casuística es diversa bajo el mismo trasfondo. En el caso de Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad. La situación, ante el devenir político de la región, se encuentra paralizada. La misma solución se ha emprendido en Castilla y León, con una reclamación administrativa por lo derivado en la primera ola y por puesta a disposición. En la Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto.
Por su parte, en Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que ha presentado reclamaciones por puesta a disposición. Además, en el País Vasco, las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco han alcanzado avances satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios. En Galicia, la práctica mayoría de los asociados han presentado reclamación a la Xunta y también al Ministerio de Sanidad.
“Justas reclamaciones” de la sanidad privada
Por el contrario, otros Gobiernos regionales consideran que son justas las reclamaciones. Y que les corresponde en sus competencias las remuneraciones y compensaciones oportunas por la toma forzosa de los recursos privados, alcanzando acuerdos en sus territorios. El pago de las mencionadas compensaciones se ha realizado o pronto se efectuará.
Este es el caso de Cataluña, la primera región que determinó compensaciones bajo un acuerdo estable para la atención asistencial de afectados por el COVID y derivados desde la sanidad pública. Madrid incorporó el acuerdo posteriormente y en la práctica casi todos los hospitales han cobrado las compensaciones relacionadas con la puesta a disposición de la primera ola. En Navarra, los pagos se realizan puntualmente.
En Canarias, se han cerrado acuerdos de precio por cama de hospitalización y por cama UCI, e incorporando también el lucro cesante durante la primera ola. Y, finalmente, en Islas Baleares se ha firmado un protocolo con el Servicio de Salud, que finaliza mañana 31 de marzo para la atención de pacientes COVID derivados a centros privados.
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