El 70% de las pymes españolas respalda las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente a un 28% que se posiciona en contra. Sin embargo, el apoyo a los incrementos salariales pierde fuerza progresivamente: el porcentaje de empresas favorables se situaba en el 75% en 2025 y en el 72% en 2024, según el III Informe de Pymes y Autónomos de España, elaborado por Hiscox, compañía internacional especializada en soluciones aseguradoras para empresas y autónomos.
La aceptación de estas medidas convive con una creciente presión sobre las cuentas de los negocios. Para asumir el incremento de los costes salariales, el 45% de las pymes ha optado por reducir sus márgenes comerciales, mientras que un 33% ha encarecido los precios de sus productos y servicios para trasladar parte del sobrecoste a sus clientes.
El ajuste también afecta a las decisiones de contratación y a la gestión de las plantillas. Un 24% de las organizaciones ha frenado o congelado nuevas incorporaciones y un 12% reconoce haber tenido que realizar despidos directamente relacionados con las subidas del SMI. Por su parte, un 15% asume el incremento del coste de personal, un 10% recurre a mejoras de productividad y un 5% ha reducido las remuneraciones más elevadas.
La pérdida de competitividad afecta al 38% de las pymes
El impacto sobre la competitividad empresarial también se ha intensificado durante 2026. Aunque el 60% de los negocios considera que las subidas del SMI no influyen en su operativa, el 38% afirma que su posición competitiva se ha visto perjudicada. Este porcentaje supone seis puntos más que el registrado en 2025, cuando alcanzaba el 32%.
La presión no afecta por igual a todos los negocios. Por sectores, la industria es la actividad más perjudicada: el 59,5% de las empresas industriales declara un impacto negativo en su competitividad. La proporción desciende al 35% en el comercio y al 32% en los servicios.
El tamaño de la plantilla también marca diferencias. Las microempresas, con entre uno y nueve empleados, son las más vulnerables, con un 49% que reconoce un deterioro de su competitividad. En las pymes medianas, el porcentaje se sitúa en el 35%, mientras que entre los profesionales sin asalariados alcanza el 31%.
Las empresas con mayor facturación también acusan el impacto
El volumen de negocio y la antigüedad de las compañías introducen nuevas diferencias. Las empresas con una facturación superior a los dos millones de euros registran una mayor afectación negativa, del 46%, frente al 37% de aquellas que ingresan menos de esa cantidad.
Por antigüedad, los negocios con menos de cinco años de trayectoria presentan una mayor vulnerabilidad: el 46% afirma que su competitividad se ha resentido por las subidas salariales. Entre las empresas con más de cinco años de actividad, el porcentaje baja al 36%.
Los resultados del informe dibujan así un escenario de respaldo mayoritario al aumento del salario mínimo, pero con un coste creciente para la estructura financiera y operativa de las pymes. La reducción de márgenes, el ajuste de precios y las decisiones sobre contratación reflejan las dificultades de una parte del tejido empresarial para absorber el incremento de los costes laborales sin comprometer su competitividad.