El galardón reconoce la labor profesional de juristas de prestigio
El jurado del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio ha otorgado el galardón de la XXIII edición a Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, “por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española”.
Tras sucesivas votaciones, entre las 41 candidaturas presentadas al premio este año, se eligió a Hernández-Gil “por su brillante aportación al derecho civil, al que ha dedicado su larga e intensa trayectoria profesional como abogado de prestigio”.
El Premio Pelayo, que alcanza su vigesimotercera edición, cuenta como premiados en las anteriores convocatorias con Fernando Sánchez Calero, catedrático de derecho mercantil; Enrique Ruiz Vadillo, magistrado del Tribunal Constitucional; Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo; Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, catedrático de derecho administrativo; Aurelio Menéndez Menéndez, catedrático de derecho mercantil; Manuel Alonso Olea, catedrático del derecho del trabajo y seguridad social; Fernando Garrido Falla, magistrado del Tribunal Constitucional; Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, presidente del Tribunal Constitucional; Landelino Lavilla Alsina, consejero permanente de Estado; Manuel Albaladejo García, catedrático de derecho civil; Manuel Díez de Velasco, catedrático de derecho internacional y consejero electivo del Consejo de Estado; María Emilia Casas Baamonde, presidenta del Tribunal Constitucional; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado mayor del Consejo de Estado; Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, primer Defensor del Pueblo de España; Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala I del Tribunal Supremo; Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de filosofía del derecho; Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado; Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, consejero electivo de Estado y ex ministro de UCD; Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, consejero permanente y presidente de la sección segunda del Consejo de Estado; Manuel Olivencia Ruiz, catedrático emérito de derecho mercantil de la Universidad de Sevilla; Fernando Ledesma Bartret, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo; y Eduardo Torres-Dulce Lifante, ex fiscal general del Estado.
Según el presidente del jurado, Landelino Lavilla, la elección de Antonio Hernández-Gil “consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos. Se aprecian tanto la dedicación de los juristas como los valores que desde la universidad, la sociedad, la empresa, las instituciones judiciales o el ejercicio liberal se consideren de interés para la comunidad”.
La ceremonia de entrega del premio, dotado con 30.000 euros, tendrá lugar el 16 de noviembre en un acto que contará con los miembros del jurado y destacadas personalidades vinculadas con el mundo de la Justicia.