El director del Igape, Juan Cividanes, presidió la jornada en la que se presentó el segundo número de la colección Cuadernos de la Cátedra
Fundación Inade organizó recientemente una jornada centrada en las responsabilidades de los empresarios y sus seguros. La sesión fue presidida por el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes Roger, que estuvo acompañado en el acto inaugural por representantes de la empresa, la universidad y el Derecho.
Además, durante la jornada se presentó el segundo número de la Colección Cuadernos de la Cátedra, que lleva como título La responsabilidad civil del empresario y sus seguros, cuyo autor, José María Elguero (Marsh), trazó brevemente las líneas del trabajo.
La inauguración de la jornada corrió a cargo de Juan Cividanes Roger, que destacó la “necesidad de minimizar los riesgos que pueden dañar la reputación o los resultados económicos de las empresas”. Asimismo, señaló que “es importante que los empresarios cuenten con habilidades servicios o instrumentos adecuados para gestionar y minimizar los riesgos vinculados a la gestión empresarial”.
Además, el conferenciante aprovechó la ocasión para adelantar la intención de la Xunta de Galicia de acercar a las empresas, a través del programa ReAcciona, y a partir del próximo año ofrecer servicios para facilitar la adecuada gestión de los riesgos y favorecer la mejora de la competitividad de las empresas”.
En el turno de la palabra, Marta Amate López, representante de la Confederación de Empresarios de Galicia en el Consello Económico e Social, destacó el “papel fundamental de los seguros, ya que aportan al empresario la seguridad necesaria para operar en el tráfico mercantil”. Para Amate, “conocer el riesgo es fundamental para combatirlo”.
Por su parte, el Decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y Vocal del Consello da Avogacía Galega, Augusto Pérez-Cepeda Vila, destacó la importancia de la formación en la adaptación a los cambios “y a la velocidad con que se implantan en la sociedad. Gran ejemplo son las iniciativas de Fundación Inade, que permiten el análisis de la actualidad normativa y su aplicación a nuestra vida diaria”.
El director de la cátedra, Fernando Peña, señaló las actuales líneas de actuación de la institución e indicó que seguirá la apuesta por iniciativas encaminadas a acercar la gerencia de riesgos tanto a la comunidad universitaria como al tejido empresarial: “La gestión correcta del riesgo no hace incurrir a la empresa en gastos, sino todo lo contrario”.
Al término del acto se dio paso a las mesas redondas, comenzando con un debate sobre la situación actual de la responsabilidad civil del empresario con el director del servicio de estudios de Marsh España, José María Elguero Merino, y el presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg.
Seoane comentó que las demandas más abundantes en los juzgados relacionadas con la responsabilidad civil son las derivadas de la accidentes de circulación. Ya en el caso concreto de la RC empresarial, el sector de la construcción (por aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación) y la resolución de siniestros de incendios son las más habituales. También se destacó el incremento del número de acciones directas contra consejeros y directivos.
Elguero indicó que “el riesgo de responsabilidad civil es el que más preocupa a los empresarios. El seguro de RC es el primero que se compra y el último que se anula, porque es muy difícil gestionar las reclamaciones y hacer provisión de sus consecuencias económicas”.
La sesión concluyó con un acercamiento del tratamiento del dolo en los tribunales. José María Elguero afirmó “el problema es que el Tribunal Supremo, aun reconociendo que el dolo no se puede asegurar, está demandando frecuentemente a la entidad aseguradora si se acredita la existencia de un seguro de responsabilidad civil”.
A continuación, la profesora de la UDC, Eva María Souto García, y el catedrático de derecho civil José Manuel Busto Lago abordaron la gestión del riesgo penal en la empresa. El profesor Busto recordaba que en 2010 se introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995. Se trataba de la abolición de nuestro ordenamiento jurídico penal del precepto por el que se consideraba que persona jurídica no podía cometer delitos.
La reforma convirtió a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del derecho penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las concretas personas físicas que las integren, y de ser por ello sancionadas con auténticas penas.
Por su parte, Souto se centraba en que pese a que en 2015 se amplió la lista de delitos achacables a una persona jurídica, los expertos consideran que “la falsedad en las cuentas anuales o la obstaculización en el suministro de información cuando hay un control administrativo de la empresa debieran formar parte de esta lista tasada”.
Los expertos recordaron que el escenario implica que las sociedades, a través de sus representantes legales, deben dar estricto cumplimiento a esta obligación mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito. El fin debe ser intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal.
Respecto a los programas de cumplimiento normativo (programas de compliance penal), se afirmaba que para que tengan efectividad jurídica deben tener un uso real. Para Busto, “si estos programas se siguen percibiendo sólo como una exigencia no se podrán implementar con eficacia, restándole la ventaja competitiva que suponen y no teniendo en cuenta que permiten monitorizar el propio cumplimiento dentro de la organización”.
La ponente consideró que “el compliance no está para paralizar una empresa, sino para dar eficiencia, aportar más dinámica a la empresa y realizar una detección temprana de la manifestación de los riesgos”.
Por último, Eva Souto concluía que para que un programa pueda servir como atenuante o eximente en un proceso penal es necesario demostrar que fue implantado antes de la comisión del delito y que ha habido una vulneración del mismo. Para ella, “el cumplimiento normativo afecta al personal de todos los niveles, de ahí que sea tan importante la formación”.
Asimismo, Souto denunciaba la falta de regulación en la materia: “Se debería haber creado antes una teoría sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas antes de aplicarle un régimen que ahora solo conocemos para las físicas”.
La última mesa redonda abordó el seguro desde la perspectiva del siniestro. Para ello, se contó con las aportaciones del director del departamento jurídico de Puentes y Calzadas, Paul Fernández-Currós; el responsable del departamento jurídico de Gadisa Retail, Juan Antonio Astray Suárez; el director de siniestros de Chubb, Jesús Pérez Álvarez; y el director de suscripción de W.R. Berkley España, Raúl Martínez Casanovas.
Respecto a los problemas reales que encuentran las empresas a la hora de asegurar los riesgos, Astray señalaba la necesidad de apoyarse en profesionales que completen la labor de los directivos de las empresas en su toma de decisiones. Indicaba que “las empresas debemos apoyarnos en la figura del corredor, tanto en la declaración de un siniestro como en la tasación previa”.
Paul Fernández Currós demandaba productos adecuados a actividades complejas, como en su caso la construcción. Por su parte, Jesús Pérez reconocía que “las entidades aseguradoras queremos pagar los siniestros, porque es precisamente nuestra función social. Pero pagar lo que nos corresponde”, en referencia a la aplicación excesiva de intereses de mora en siniestros complejos relacionados con la responsabilidad civil. “Recomiendo a los mediadores que revisen las pólizas de sus clientes empresa: hoy no hay casi ninguna póliza preparada para los límites indemnizatorios a fallecidos o grandes lesionados”, añadía.
Raúl Martínez agregaba que “por nuestros cálculos, un fallecido puede costarle de media a un empresario 3,5 millones de euros, y no nos encontramos con pólizas que cubran estos límites, cuando la industria aseguradora sí está preparada para soportarlos”
La clausura de la sesión corrió a cargo del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas Sobreira, que impartió una lección sobre el compliance penal de las empresas. Durante su alocución recordaba que “la cuestión de la responsabilidad empresarial es algo jurídicamente muy complejo, vivo y cambiante, y que necesita de análisis y estudio por las nuevas posibilidades que se abren al mercado económico y empresarial”.
Por último, el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso, procedió a la clausura del acto, resaltando la presentación del segundo volumen de la Colección Cuadernos de la Cátedra, “una publicación con la que cumplimos dos de los objetivos que nos hemos trazado: la investigación y la transferencia de conocimiento. Sepan que tienen a su disposición a la Universidade da Coruña para crear entre todos cultura en materia de gestión del riesgo y el seguro”.