Cómo implantar un canal de denuncias en una organización

Cómo implantar un canal de denuncias en una organización

Lefevre ayuda a las organizaciones implantar un canal de denuncias eficaz y seguro para evitar sanciones derivadas de la nueva legislación.

La aprobación de la reforma de la ley reguladora de la protección de las personas y lucha contra la corrupción obliga a las empresas del sector público y privado a crear un canal de denuncias confidencial y seguro. La nueva ley entrará en vigor 20 días después de su aplicación en el BOE.

Centinela Canal de Denuncias

Con el fin de facilitar a las organizaciones la creación de este canal obligatorio, Lefebvre ha desarrollado Centinela Canal de Denuncias. Se trata de una solución informática que permite implantar un sistema de información de manera sencilla, segura y adaptada a los procedimientos y normativa interna de cada entidad. Lefebvre incorpora en su software otras ayudas que facilitan a empresas y administraciones el proceso de implantación, utilización y control del sistema. Garantiza la confidencialidad del informante y proporciona seguridad de nivel alto, además de un potente gestor documental.

Recomendaciones para implantar un canal de denuncias eficaz y seguro

  • Qué es el canal de denuncias. Se trata de una herramienta clave para la detección precoz y confidencial de malas conductas y prevención de delitos en las organizaciones.
  • Cómo funciona. La ley exige que se informe a través de dicho canal sobre corrupción, fraudes y violaciones de Derecho de la Unión Europea. Debe estar a disposición de empleados y de terceros. Las denuncias y comunicaciones han de ser anónimas. Serán las propias empresas las que designen la forma de recibirlas.
  • Cuándo deben incorporarlo las empresas. Las empresas hasta 250 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes tendrán hasta el 1 de diciembre. El resto tendrán tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • Es obligatorio tener un canal de denuncias. Es obligatorio para empresas privadas con 50 o más trabajadores y empresas del sector público. Con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un sistema interno de información a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
  • Qué sanciones conlleva el incumplimiento de la ley. La ley contempla sanciones de hasta un millón de euros para las empresas. También se sancionará a las personas que presenten denuncias falsas o a aquellas empresas o canales que las revelen.

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