Concurso de acreedores: se avecinan problemas para las empresas

Concurso de acreedores: se avecinan problemas para las empresas

Una mala gestión en la Declaración de concurso de acreedores puede costar hasta 150.000 euros a los directivos.

La Declaración de concurso de acreedores es un proceso judicial fundamental para suprimir las deudas de la empresa, estableciendo condiciones de pago asumibles. Ello implica una enorme responsabilidad para directivos y administradores que han de proceder con cuidado extremo para no poner en peligro la viabilidad del negocio y de sus propias finanzas.

Mañana, 30 de junio, finaliza la tercera prórroga de la moratoria concursal anunciada por el Gobierno a causa de la pandemia. El  se concedió con el objetivo de dar un respiro a las empresas con dificultades. La administración prevé que el fin de la prórroga provoque un aluvión de declaraciones de concurso de acreedores por parte de las empresas.

Hiscox advierte sobre los errores más frecuentes

Este nuevo escenario obligará a las empresas en situación de insolvencia a presentar la solicitud de Declaración de concurso de acreedores en los juzgados. Según la aseguradora Hiscox, una mala gestión de la empresa puede conllevar gastos de hasta 150.000 euros, incluidos los de defensa e indemnización indemnización por daños morales.

La falta de experiencia o el exceso de tiempo para recurrir son los errores más comunes en los que incurren los directivos a la hora de presentar la declaración concursal. Pero no los únicos.

Aquí los más frecuentes:

Falta de experiencia. El Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal modifica el proceso de declaración de concurso. Estas novedades, en principio beneficiosas para las empresas, suponen un  incremento de la responsabilidad de administradores y directivos. Es importante, por ello, contar asesores verdaderamente informados.

Exceso de tiempo para recurrir al concurso. Muchos directivos tardan más de lo debido en declarar el concurso de acreedores en su empresa. Cuando son conscientes de esa necesidad, suele ser tarde. Si se supera el límite legal establecido, pueden ser acusados de dilatar u ocultar la mala situación de la compañía. En estos supuestos se enfrentan a un posible juicio con sus consecuentes costes. La nueva legislación amplia a dos meses el plazo para presentar concurso en caso de insolvencia.

Falta o insuficiente documentación. Si se comete un fallo relativo a la documentación se corre el riesgo de multas por falsedad o intento de engaño.

Incumplir las obligaciones acordadas. Una vez se inicie el proceso, directivos y administradores deben colaborar para encontrar una solución en común con sus acreedores y cumplir con las obligaciones previstas. De este modo se evita el inicio de la liquidación por parte del juez.

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