Cerca del 6,8% de las empresas obligadas a presentar una auditoría contable no cumplen con esta exigencia al depositar sus cuentas anuales en los registros oficiales, según un estudio realizado por los analistas de Iberinform, filial de Crédito y Caución.
El artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las tres circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo no supere los 2,85 millones de euros; que el importe neto de la cifra de negocio no supere los 5,7 millones de euros; o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. En base a esta normativa, de acuerdo con el análisis de Iberinform más de 23.500 empresas españolas están obligadas a presentar un informe de auditoría al depositar sus cuentas anuales, pero cerca del 6,8% no cumplen con este requisito legal.
Los sectores que menos auditan sus cuentas
A nivel sectorial, agricultura (10,3%), construcción (8,7%) y servicios (7%) muestran las tasas de incumplimiento más elevadas. El mayor nivel de cumplimiento normativo se da en la industria manufacturera (4,6%) y el sector energético (2,9%). Por territorios, Aragón (9,2%), Melilla (9,1%), Andalucía (8,9%) y Asturias (8,5%) muestran el peor comportamiento. Las tasas más bajas de incumplimiento se dan en Ceuta (0,0%), Madrid, (5,0%), Cantabria (5,6%) y Cataluña (6,3%).
La auditoría de cuentas certifica que las cuentas presentadas son un fiel reflejo del estado financiero de la empresa. Y el incumplimiento de esta obligación puede tener importantes consecuencias. La empresa podría enfrentarse a un bloqueo en ampliaciones de capital, ventas de acciones, cambios de socios o cualquier otra acción que requiera de su publicación en el Registro. Entre las principales ventajas que supone auditar cuentas para una compañía, destacan la mejora de su imagen a la hora de obtener crédito comercial de sus proveedores, el aumento de la credibilidad de su información financiera ante terceros, así como la posibilidad de detectar y prevenir la comisión de fraudes a nivel interno.
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