Howden prevé que las tasas de las primas de D&O se frenen y se estabilicen en 2023, en su informe ‘Navegando con el viento en contra’ sobre el ramo.
Howden ha publicado su informe Navegando con el viento en contra, en el que analiza la evolución y las perspectivas del ramo de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) a nivel mundial.
El informe prevé que las tasas de las primas se frenen y se estabilicen en la segunda mitad del año, tras haber bajado más lentamente de lo esperado en 2022. Además, alerta de los riesgos que suponen la inflación, la recesión económica, las insolvencias empresariales y las reclamaciones por motivos de ESG y ciberseguridad.
La bajada de las primas se ralentiza
Según el informe de Howden, las tasas medias de prima descendieron en 2022, pero a un ritmo menor del que se preveía. Además, hubo diferencias significativas entre empresas cotizadas y no cotizadas. Mientras las primeras obtuvieron descuentos de entre el 20 y el 30%, las segundas mantuvieron sus primas casi sin cambios. Esto generó “la sensación de una caída drástica en el mercado”, según el informe.
También hubo una dura competencia en las pólizas de excesos de D&O, que presionó a la baja las primas de las pólizas primarias. “Las aseguradoras trataron de fijar primas más bajas en los programas para mantener los niveles de primas que tenían en 2021”, explica el informe.
La inflación y la recesión económica impactan en el ramo
El informe destaca que los precios, la cobertura y los siniestros del ramo de D&O se ven afectados por la inflación y la recesión económica. Por un lado, la inflación aumenta los gastos de los siniestros, ya que la siniestralidad en el ramo es long tail, es decir, que la resolución de los siniestros puede durar muchos años. Esto significa que “los siniestros generados hace 10 años están provisionados a unos gastos de gestión y honorarios de hace 10 años, por lo que, en el momento de resolución final, la inflación impacta considerablemente en el coste total”.
Por otro lado, la recesión económica conlleva un aumento de los tipos de interés, el fin de la deuda barata y las insolvencias empresariales. Estos factores pueden provocar un mayor escrutinio sobre la gestión de los consejeros y directivos, especialmente cuando las empresas se declaran insolventes o tienen una elevada deuda con sus acreedores. “Es razonable suponer que las actividades de los consejeros y directivos serán examinadas de cerca por los especialistas en insolvencias”, apunta el informe.
Los retos del mercado para 2023
El informe también ofrece algunas perspectivas para el mercado de D&O en 2023. Por un lado, prevé que la bajada de las tasas se frene y se estabilice durante el segundo semestre del año, si se mantienen los retos macroeconómicos, la guerra en Ucrania y las presiones inflacionistas. Estos factores podrían aumentar las insolvencias y las reclamaciones, lo que llevaría a una paralización de las tasas.
Por otro lado, señala que la capacidad del mercado se ha estabilizado tras el crecimiento continuado de los años 2022 y 2023. El motivo es la preocupación por el impacto de factores adversos como la inflación, la crisis energética, el estancamiento económico y el aumento de la siniestralidad y gastos.
Además, alerta del aumento de las demandas y reclamaciones contra las SPAC (empresas que salen a cotizar a bolsa con el objetivo de captar dinero para comprar una compañía), así como contra los consejeros y directivos por motivos de ESG (medioambientales, sociales y de gobernabilidad). El informe explica que “cada vez se presentan más reclamaciones contra los directivos por divulgaciones engañosas sobre estos aspectos y, sobre todo, por greenwashing“, que es la práctica de presentar una imagen falsa o exagerada de la responsabilidad ambiental de una empresa.
Asimismo, indica que continúa la preocupación de los consejos de administración de las empresas por los ataques cibernéticos y las filtraciones de datos, que lleva ya muchos años. Y agrega que se prevé, igualmente, que la nueva directiva europea Whistleblower (que obliga a proteger a quienes denuncien infracciones o irregularidades en una organización a través de un canal específico) provoque un mayor número de reclamaciones contra directivos.
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