La nueva ley impulsa el seguro de alquiler



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El Observatorio Español del Seguro de Alquiler analiza los 100 primeros días de la entrada en vigor de la nueva normativa

V.M.Z.-Seguros Tv

El seguro de alquiler se ha convertido en la principal garantía en las nuevas operaciones de arrendamiento tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Alquiler, hace ya cien días. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (Oesa), impulsado por la correduría Arrenta QP, reunido ayer en Madrid.

En el encuentro, los representantes del sector del alquiler –grandes tenedores y agencias que tratan con propietarios particulares- han señalado que la nueva norma ha incrementado la incertidumbre de los propietarios. La norma recalca el carácter social del alquiler de vivienda, aumentando la protección de los arrendatarios.

En este sentido, los representantes del sector inmobiliario explican que, aunque el aumento del periodo de alquiler, que ahora oscila entre los cinco y los siete años, consolida las operaciones a largo plazo, aumenta la incertidumbre y el riesgo de las operaciones, que deben garantizarse por un mayor periodo de tiempo. Los asistentes al Oesa afirmaron que ahora cobra más sentido contar con buenos sistemas de scoring, y las garantías, especialmente el seguro de impago de rentas, será vital en las nuevas operaciones.

El papel del seguro de alquiler

En el observatorio participaron Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, Adolfo Masagué, director comercial de DAS España, y César Crespo, subdirector general de negocio de Mutua de Propietarios, como representantes de las principales compañías de seguros que comercializan seguros de impago de alquiler. Todos ellos coincidieron en la idea de que la nueva ley aumenta el riesgo de las operaciones de arrendamiento, incrementando a su vez la severidad del impago.

El seguro de impago de alquiler es un producto relativamente nuevo en el mercado español, su desarrollo más importante se ha producido en los últimos seis año, por lo que aún debe “sofisticarse” para recoger la idiosincrasia de las diferentes regiones españolas en lo que se refiere a las actuaciones judiciales en caso de desahucio.

Otras soluciones para el problema social de la vivienda

Los representantes de os grandes tenedores de vivienda advirtieron que la intención del Gobierno con la nueva ley es terminar con el problema social de la vivienda a través del mercado particular, algo que, en su opinión, es un error, ya que la nueva ley lo que ha provocado es el temor de los propietarios, por el alargamiento de plazos, y se ha restringido aún más la oferta de inmuebles en alquiler, lo que ha contribuido al repunte de los precios, justo ele efecto contrario al que se pretendía conseguir, según explicaron.

En este sentido, los inversores institucionales del sector inmobiliario tendieron la mano a las representantes de los partidos políticos que participaron en el Observatorio para buscar soluciones de colaboración público privada para impulsar un parque de viviendas sociales de alquiler.

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