Según un estudio de Línea Directa, el 24% de los españoles cree que hay posibilidades “medias o altas” de que le “okupen” su vivienda y el 77% considera que este fenómeno de la okupación es ya un problema social en España. Además, el 31% de los encuestados afirma conocer directa o indirectamente a alguien que ha sufrido la “okupación” de algún inmueble de su propiedad.
El pasado mes de junio Línea Directa lanzó una cobertura antiokupación para sus seguros de hogar. Desde su lanzamiento, más del 50% de los seguros de hogar vendidos por la compañía la han incorporado. Para la aseguradora es un síntoma de la preocupación social ante este problema.
Crece la okupación en España
Entre 2018 y 2022 los casos de “okupación” en España aumentaron casi un 40%, superando los 75.000 casos. Además, la duración de los procedimientos de desalojo se ha convertido en otro problema: en 2022 los procesos y sus recursos tuvieron un plazo medio de resolución de 20,5 meses.
Según la ciudadanía, las causas de la “okupación” son la lentitud de la justicia, la permisividad social y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios. Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.
Frente a la ocupación, los españoles proponen penas más severas y desalojos más rápidos, facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos y actuar policialmente contra las mafias.
Según destaca Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, “nuestro modelo directo nos ha permitido detectar la gran preocupación que existe en la sociedad por la “okupación” de viviendas. Creemos que, como compañía aseguradora, debemos aportar alguna solución que ayude a paliar los efectos de un fenómeno que, sin duda, puede afectar gravemente a los perjudicados”.
Un fenómeno al alza
Aunque la “okupación” no existe como tipo penal específico en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser perseguida utilizando el delito de usurpación o el de allanamiento de morada, según las circunstancias de cada proceso. En cualquier caso, se trata de un fenómeno al alza: según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos de “okupaciones” se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo. Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de “okupación”, un porcentaje especialmente relevante en las Islas Baleares (39%).
Por territorios, Cataluña, con 650 “okupaciones” denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor número de casos registrados. En cuanto a qué Comunidades viven con más preocupación el fenómeno, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados por la proliferación de casos de “okupación”, mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.
En cualquier caso, y pese a la alarma social, solo el 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual de la “okupación”, mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto.
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