Los últimos informes publicados por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (WTW), elaborados por la compañía en colaboración con la Universidad de Valencia y Extremadura, muestran un rápido empeoramiento del déficit contributivo de la Seguridad Social en el segundo trimestre de 2020 y un IRP adelantado para el año 2021 del -1,72% (frente al -1,65% del ejercicio anterior), lo que indica una también peor situación financiera del sistema de pensiones español, rompiendo la tendencia de los 2 años previos.

El déficit anual contributivo de la Seguridad Social, resultado de introducir ajustes en los ingresos y gastos por operaciones no financieras para excluir los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha aumentado rápidamente en el segundo trimestre de 2020 debido a los menores ingresos por cotizaciones a causa de la crisis COVID-19, situándose en 26.650 millones de euros, equivalentes al 2,10% del PIB, frente al déficit anual del 1,71% del PIB del trimestre anterior y al 1,66% del PIB de hace un año.

Empeora el déficit de las pensiones

En cambio, el déficit por operaciones no financieras se ha corregido bruscamente debido a la transferencia extraordinaria del Estado de 14.002 millones de euros a la Seguridad Social (RDL 19/2020, bajo el título “Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19”) tras el segundo trimestre de 2020. Por su parte, el dato anual de ingresos contributivos, que no tiene en cuenta la anterior transferencia del Estado, ha registrado una disminución de 3.512 millones de euros y los gastos contributivos han disminuido 54 millones de euros respecto al dato anual del trimestre anterior.

Debido a la persistencia de la crisis sanitaria, con nuevos rebrotes que dificultarán la vuelta a la normalidad económica, el análisis del Observatorio de Pensiones de WTW prevé, de cara a los próximos trimestres, un fuerte incremento del déficit contributivo sobre el PIB de la Seguridad Social, fundamentalmente por tres motivos. El primero es la caída de la actividad: los cotizantes medios en julio de 2020 son 750.000 menos que un año antes. El segundo, la extensión de las exenciones de cotizaciones: se ha optado por esta figura para compensar a las empresas y autónomos, en lugar de que el SEPE se hiciera cargo de ellas. De momento, se extienden hasta el 30 de septiembre, pero con ampliaciones probables, al menos para ciertos sectores. Y, por último, el aumento de los gastos contributivos en incapacidad laboral transitoria por los efectos de la crisis sanitaria.

Soluciones

Con todo, según desvela el informe, la distribución del déficit entre administraciones públicas depende de las transferencias entre ellas, siendo posible que la Administración Central absorba una parte del déficit del sistema contributivo de la Seguridad Social a través de transferencias para apoyar su equilibrio presupuestario o para paliar los efectos de la COVID-19, como ha ocurrido en este trimestre.

El déficit contributivo, en máximos históricos

De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos (en el entorno de los 30.000 millones de euros) como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras (préstamos con cargo a endeudamiento) y, posiblemente, recortes de pensiones, algo descartado por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Como indica Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson, “existe una gran disparidad entre el saldo por operaciones no financieras y el saldo contributivo. Creemos que los ciudadanos deben recibir una información transparente y veraz sobre la situación real de la Seguridad Social. Somos conscientes de que la COVID-19 va a llevarnos a un déficit contributivo histórico (en torno a 30.000 millones de euros). Y de que, si el Estado no hubiese realizado la transferencia de los 14.000 millones de euros, el IRP hubiese sido del -3,49%. Con todo ello, más que nunca, debemos ser rigurosos con las medidas a tomar para paliar el déficit estructural del sistema. El impacto de la pandemia es coyuntural y pasará, pero el déficit estructural del sistema seguirá aumentado y hay que tomar medidas impopulares en 2020”.

Un sistema de pensiones cada vez más complejo de mantener

Los análisis del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson muestran que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el año 2021 se sitúa en el -1,72%, algo peor que el de 2020, del -1,65%. Esto indica una peor situación financiera del sistema de pensiones español, rompiendo la tendencia de los 2 años anteriores. Los efectos económicos asociados a la pandemia COVID-19 se han compensado con la transferencia extraordinaria del Estado a la que antes hacíamos referencia, lo que ha permitido que el valor del IRP no fuera más negativo.

Lo ocurrido este trimestre refleja también que el IRP puede modularse con transferencias del Estado. Es decir, con una decisión política de aportar recursos presupuestarios al sistema de pensiones. Así, sin la transferencia extraordinaria el IRP se hubiera situado en -3,49%. Con la transferencia mencionada se queda en el -1,72%. Y con una transferencia superior en 10.000 millones de euros a la realizada el IRP pasaría a ser positivo.

La relevancia del IRP de las pensiones

Dado que el IRP no está todavía derogado, solo aplazado, es relevante plantearse posibles reformas en su aplicación. O sistemas alternativos de revalorización que tengan en cuenta el IPC. En este sentido, como explica Rafael Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson, “se podría seguir calculando el IRP como indicador de referencia. Y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación vinculados al IPC. Por ejemplo, un intervalo IPC más/menos un diferencial. Si se abandonara totalmente el IRP, la revalorización con el IPC podría modularse teniendo en cuenta variables últimas del sistema de pensiones. Como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias, como número de cotizantes, número de pensionistas. O variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB”.

“En este sentido, anticipamos que las futuras recomendaciones del Pacto de Toledo no podrán ser simple y llanamente revalorizar todas las pensiones con el IPC. Habrá que hilar fino y retocar la composición del IRP, así como segmentar el colectivo de pensionistas en función del importe de su pensión para establecer distintos criterios de revalorización; a las pensiones más bajas, crecimientos mayores y a las pensiones más altas, crecimientos menores o únicamente el 0,25%”, añade.

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