El reglamento que prepara el Ministerio de Economía para las reclamaciones de usuario ante la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador es calificado por el Consejo General de Mediadores como “un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad”.
El Consejo General explica en un comunicado que la propuesta del Gobierno pasa por que el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y se reciba en la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador, organismo que unificará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y DGSFP.
Una tasa que grava la actividad de los mediadores de seguros
Establecer una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora.
Para los Colegios, “la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia”.
Paradoja sobre las reclamaciones
Los mediadores añaden que “es una paradoja que la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación”.
“Estamos, afirma el Consejo General, ante una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas”, concluyen.
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