La entrada en vigor de la obligación de registro de la jornada laboral ha sumido a muchas empresas en la confusión. La falta de concreción del Real Decreto-Ley 8/2019 no ha contribuido a mejorar la situación. Aunque el Ministerio de Trabajo no ha empezado a multar a las empresas incumplidoras, estas se enfrentan a sanciones de hasta 6.250 euros.