La reciente entrada en vigor de la Orden Ministerial 1040/2017, que desarrolla la Ley de Responsabilidad Medioambiental, obliga a las empresas con mayor riesgo de contaminar a suscribir una garantía financiera. El objeto de la misma es asegurar que dispongan de suficientes recursos para prevenir y, en su caso, reparar los daños que puedan causar. La propia normativa ofrece tres opciones para constituir dicha garantía: suscribir un seguro, un aval de una entidad financiera o que las empresas realicen reservas técnicas mediante la dotación de un fondo ad hoc. Sigue leyendo
