Todas las
personas que ocupan puestos de administrador, consejero,
directivo y/o ejecutivo en cualquier sociedad mercantil de
cualquier índole (cooperativa, limitada, anónima, etc.) o cualquier institución
(asociación sin ánimo de lucro, agrupación de intereses, fundación, etc.)
están expuestos a que una reclamación llevada a cabo por su gestión, o
contra la entidad que representan, afecte directamente a su propio
patrimonio y el de su familia, además de su imagen y futuro
profesional. Así lo determina la actual ley de responsabilidad civil.
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