Todas las personas que ocupan puestos de administrador, consejero, directivo y/o ejecutivo en cualquier sociedad mercantil de cualquier índole (cooperativa, limitada, anónima, etc.) o cualquier institución (asociación sin ánimo de lucro, agrupación de intereses, fundación, etc.) están expuestos a que una reclamación llevada a cabo por su gestión, o contra la entidad que representan, afecte directamente a su propio patrimonio y el de su familia, además de su imagen y futuro profesional. Así lo determina la actual ley de responsabilidad civil.