Un 55% de las empresas proveedoras de las Administraciones Públicas no percibe ningún cambio en los plazos de pago de la Administración que, de acuerdo con la Directiva de Lucha contra la Morosidad, deberían armonizarse en toda Europa en torno a los 30 días naturales. Así se desprende del VI Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform en el marco de la Cátedra de Cash Management impulsada por el IE Business School. Sigue leyendo