
La recién estrenada Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto un cambio de paradigma en la tramitación judicial en España. Su aplicación, desde el pasado mes de abril, está generando un complejo escenario legal al coexistir con dos normativas anteriores, de modo que la legislación aplicable varía en función de la fecha en la que se interpone cada demanda. Sigue leyendo