El Consejo General de Economistas (REAF) estima que cada año el Estado pierde 26.000 millones de euros a causa del fraude fiscal. En la mayoría de los casos debido a la debilidad de los sistemas de control interno. Cada vez más empresas optan por contar con una figura que revise que el funcionamiento de la compañía se adecua a la ley. Se trata del Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo.