Los españoles siguen teniendo una visión pesimista sobre el futuro del sistema público de pensiones. Así lo constata la quinta edición del Barómetro Caser de Pensiones, presentado ayer en Madrid. En este sentido, el 57% de los encuestados cree que las pensiones públicas reducirán su cuantía, pero no desaparecerá, cosa que sí estima un 17%. Además, el 47% piensa que las pensiones son escasas y con ellas pasaría necesidad. El informe de la compañía que dirige Ignacio Eyries desvela que el 42% de los españoles consideraría grave utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a eventuales dificultades de liquidez.
La última edición del Observatorio Caser ha puesto de manifiesto que la crisis económica sigue haciendo mella en el ahorro privado de los españoles para la jubilación, que cae dos puntos más respecto a 2011 y cinco desde que se inició la serie en 2008.
Ahorramos poco y tarde
Según explica la compañía, en 2010, el intenso debate político y social que se generó en torno a la inminente reforma del Sistema Público de Pensiones, las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social y el temor a no disponer de una pensión el día de mañana comenzó a calar entre los españoles, provocando un aumento en el ahorro para la jubilación. Sin embargo, este año fue tan sólo un impasse en la evolución negativa del ahorro, la agudización de las crisis en 2011 y los pronósticos que auguran el estancamiento de la economía, al menos hasta 2014, han repercutido otra vez en este tipo de ahorro, y el porcentaje de españoles que no ahorra ha seguido aumentando.
Además, el 66% de los españoles declaran no ahorrar nada para su jubilación., como consecuencia de la crisis, ya que de esta cifra, el 32% reconoce que sí lo hizo en el pasado.
Según el estudio de Caser, la población española comienza a asimilar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, y constata que este cambio legal ha tenido dos efectos. Por una parte, de 2010 a 2012, se ha incrementado en diez puntos, los españoles que se consideran demasiado jóvenes para ahorrar, pasando del 36% al 46%. Y por otra, ha disminuido el porcentaje de personas que pensaban que eran demasiado mayores para empezar a ahorrar, que ha bajado del 23% al 14%.
Con todo, más de la mitad de la población, el 52% sigue pensando que la edad idónea para establecer la edad legal de jubilación se sitúa en los 65 años y un representativo 19% la fijaría en los 60 años. Según Manuel Álvarez, Director del Observatorio Caser Pensiones, “Este 19% se correspondería con aquellas personas dedicadas a profesiones especialmente duras, por el desgaste físico que representan. Esta conclusión del Observatorio, debería invitar a la reflexión sobre qué es más adecuado: fijar una edad de jubilación común a todas las profesiones, o bien, establecer casos excepcionales en los que por razones lógicas, dicha edad debería adelantarse”.
En cuanto al ahorro previsión, el estudio de Caser es claro. Aún son pocos los españoles que han consolidado un hábito de ahorrar para complementar su pensión pública. De acuerdo con la encuesta, el 79% manifiesta que querría hacerlo, pero sólo el 58% de ellos considera que le será posible. La edad media prevista para hacerlo son los 44,5 años, y la cuantía media prevista de ahorro anual ascendería a 2.421 euros.
Cada vez son más los ciudadanos, el 82% frente al 75% de 2011, los que ahorran a través de instrumentos específicos para la jubilación. En este sentido, los inmuebles (12%) y los instrumentos no específicos (35%) pierden terreno respecto a 2011. En cuanto a lo que piensan aportar este año, hay un ligero repunte de los que esperan aportar más o menos los mismo, que pasa del 66% en 2011 al 72% en 2012.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha impuesto a Caser medidas especiales para controlar y garantizar la solvencia de la compañía tras cerrar una inspección de sus cuentas. Según publica hoy Expansión y recoge el BDS de Inese, la aseguradora cerró el pasado ejercicio con pérdidas consolidadas de 200 millones de euros tras provisionar 300 millones por el deterioro de sus inversiones, en concreto, las realizadas en participaciones preferentes emitidas por cajas de ahorros intervenidas.
